El macrojuicio por el accidente y la catástrofe del petrolero Prestige será inmenso en todas sus dimensiones. Con un sumario que roza las 300.000 páginas, más de 2.100 partes personadas y una reclamación en materia de responsabilidad civil de 1.264 millones, el proceso judicial también tendrá una cuantiosa repercusión en las cuentas públicas gallegas. En total los gastos derivados de la celebración del macrojuicio tendrán un coste de 1.393.258 euros para la Xunta. Según la documentación oficial de la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, los gastos ascenderán a algo más de 177.160 euros mensuales.

El Gobierno alquilará las instalaciones de la Fundación Feiral de A Coruña (Ifeco) "para la gestión y desarrollo de las sesiones del juicio oral", dice el informe económico, "ya que las instalaciones de la Audiencia Provincial de A Coruña carecen de las características mínimas requeridas por el magistrado nombrado relator de este juicio", Juan Luis Pía. Presidencia ha optado por el Ifeco por su "acceso rápido a las principales arterias de comunicación de la ciudad", así como por contar con un "espacio exterior para la instalación de unidades móviles" de medios de comunicación o "acceso a wifi".

De los casi 1,4 millones que destinará la Xunta para hacer frente a los gastos derivados del juicio, 507.453 euros corresponden solo a los meses de octubre, noviembre y diciembre. El proceso comenzará el 16 de octubre, "siendo previsible su finalización" el 31 de mayo de 2013. Para el año que viene (hasta la conclusión del juicio), los gastos ascenderán a 885.804 euros.

Para atender al primer tramo (los 507.453 euros de este año), el departamento que dirige Alfonso Rueda ha tenido que echar mano del fondo para "Imprevistos y funciones no clasificadas" del programa presupuestario de la Xunta. "Queda constancia en el expediente de la imposibilidad de atender a la totalidad de las obligaciones referidas con cargo a los créditos de la Consellería de Presidencia", razón por la cual ha pedido a Facenda un crédito de ese fondo de contingencia.

Las partidas más costosas del macrojuicio, según el detalle de costes elaborado por Presidencia, se corresponden con los servicios de interpretación (lingüística y profesional). El primero de ellos superará los 297.000 euros, por los 225.513 euros del segundo. La vigilancia contratada para el proceso tendrá un coste superior a los 90.560 euros, de acuerdo con la misma documentación. Los "servicios de soporte in situ" se llevarán otros 80.404 euros, 58.382 euros se destinarán a la adquisición de sistemas audiovisuales, 68.052 euros para un sistema de grabación digital y casi 21.000 euros para el alquiler de una sala de prensa. Solo la adecuación de la sala para medios de comunicación valdrá más de 3.000 euros.

En total son 19 las partidas que elevarán el gasto total hasta los casi 1,4 millones de euros para costear uno de los mayores procesos penales de España.