01 de septiembre de 2012
01.09.2012

El carpetazo de EEUU al 'caso Prestige' abre la puerta a un juicio contra ABS en España

Un tribunal de Nueva York concluye que España no presenta pruebas suficientes para culpar del accidente a la clasifidadora del petrolero . La indemnización reclamada por el Estado ascendía a mil millones de dólares
Desde 2003, la Justicia dio carpetazo a dos de los tres procesos de la causa . El último arrancará en octubre en A Coruña

01.09.2012 | 07:05
Voluntarios limpian las costas de Muxía tras la marea negra del ´Prestige´, en noviembre de 2002. / lavandeira jr

A poco menos de dos meses de que comience el macrojuicio del Prestige en A Coruña, llega desde EEUU la sentencia definitiva contra la clasificadora del petrolero, American Bureau of Shipping (ABS). El Tribunal de Apelación del Segundo Circuito de Nueva York acaba de dictar un auto en el que rechaza la demanda interpuesta por el Gobierno español contra la empresa que certificó que el petrolero hundido en las costas gallegas en noviembre de 2002 era apto para navegar. Al no apreciar pruebas suficientes para culpar a la clasificadora del accidente, Estados Unidos exime a ABS del pago de mil millones de dólares -casi 800 millones de euros- en concepto de indemnización por los daños ocasionados, una cantidad reclamada por España en la demanda que interpuso en mayo de 2003 al considerar que la clasificadora, con sede en Houston, actuó de forma negligente al certificar apenas seis meses antes de la marea negra que el Prestige podía navegar. Pese al carpetazo de la Justicia norteamericana al recurso de España, ABS podría enfrentarse a un nuevo litigio -esta vez en España-, si así lo decide la Abogacía del Estado.

Esta posibilidad ya fue apuntada a este diario por fuentes jurídicas próximas al caso en agosto de 2010, fecha en la que un tribunal federal estadounidense rechazó la demanda de España contra ABS, lo que motivó la interposición del recurso que esta semana fue desestimado.

Agotadas las posibilidades de llevar a juicio a ABS en EEUU, una de las opciones que se plantea la Abogacía del Estado, que recibió el jueves el fallo del tribunal de Nueva York y contra el que no cabe apelación, consiste en retomar una demanda civil presentada contra la clasificadora hace años en el Juzgado de Corcubión y con la que trataría de exigir a la empresa certificadora responsabilidades civiles.

Aunque los daños derivados de una relación contractual (la que mantenían ABS y el armador) prescriben al cabo de un año, el archivo de la causa por parte de Estados Unidos puede paralizar esa prescripción y reactivar esa demanda que lleva años dormida.

La Abogacía del Estado también mantiene dormidas otras dos demandas civiles en el Juzgado de Corcubión contra la propietaria del petrolero (Mare Shipping) y la cargadora (ERC). En este caso, será el juicio penal que se celebre en A Coruña a partir del próximo mes de octubre el que determine el futuro de ambas denuncias, ya que si la sentencia considera probada su participación en el accidente, España tendría una nueva base legal para reclamarles civilmente una indemnización por los daños.

El Gobierno se ha empeñado desde el principio en llevar ante los tribunales a ABS al entender que su negligente inspección y certificación del barco permitió que el Prestige saliese del puerto de San Petersburgo con 77.000 toneladas de fuel a bordo y acabase partido en dos frente a las costas gallegas. Su empeño por plantear el caso ante la Justicia de EEUU, con todo, se ha cuestionado en múltiples ocasiones, tanto por los elevados costes del procedimiento -más de 30 millones de euros desde que el 16 de mayo de 2003 interpuso una demanda civil en los tribunales de Nueva York- como por sus dudosas garantías de éxito. La Abogacía del Estado justificó siempre su demanda basándose en que el derecho penal español solo permite acusar a personas físicas por actos concretos y en este caso la acusación recaía sobre la presunta actuación negligente de una empresa.

Con el auto dictado esta semana por el Tribunal de Apelación del Segundo Circuito de Nueva York, EEUU da carpetazo definitivo a la causa del Prestige. La sentencia no entra a valorar si hubo o no negligencia por parte de ABS pero concluye que las leyes norteamericanas impiden imputar responsabilidades de este tipo a una sociedad de calificación. Los magistrados del tribunal norteamericano concluyen que España no presentó pruebas "suficientes" para "establecer una disputa genuina de un hecho material en cuanto a si ABS y sus filiales imprudentemente violaron algún derecho que pueda tener España", según parte del texto judicial reproducido ayer por El Mundo. El auto concluye que "España está fuera del conjunto de partes ante las que una sociedad clasificadora normalmente podría ser responsable".

La sentencia de EEUU poner fin a más de nueve años de litigio de España contra ABS. Es uno de los tres procesos paralelos que instruye la Justicia aunque con objetivos muy distintos. Dos de las causas contra el Prestige ya están cerradas; a la resuelta esta misma semana en Nueva York contra la clasificadora del petrolero se suma el dictamen del Tribunal de Estrasburgo de septiembre de 2010 en el que rechazó el recurso del capitán del petrolero, Apostolos Mangouras, contra España.

El macrojuicio por la mayor catástrofe ecológica en las costas gallegas comenzará en A Coruña el 16 de octubre y se prolongará durante al menos siete meses. En el banquillo solo se sentarán cuatro personas: el capitán el Prestige, el primero oficial, el jefe de máquinas y el exdirector de la Marina Mercante José Luis López-Sors. Asimismo, están imputados como responsables civiles directos la aseguradora del barco y el Fondo Internacional de Indemnización de Daños por Hidrocarburos, y como responsables subsidiarios, las navieras Mare Shipping y Universe Maritime y el Estado español.

En el proceso, la Fiscalía gallega reclamará una compensación ambiental a los responsables de la catástrofe por los daños ecológicos y las repercusiones en la salud de los miles de voluntarios y marineros que colaboraron en las labores de limpieza. El importe definitivo de esta compensación, en todo caso, se definirá una vez comience el juicio, pero la previsión es que ronde los 3.900 millones.

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