Ni aumentar el complemento de productividad o pagar incentivos al rendimiento o cualquier otra maniobra. El Gobierno central ha emitido una circular que aborta cualquier posibilidad de que un ayuntamiento intente compensar a los empleados públicos por la supresión de la paga extra de Navidad.
En la nota informativa, colgada en la web del Ministerio de Hacienda el pasado lunes, se advierte a las entidades locales y al resto del sector público de que no se admitirán artimañas o tretas para eludir el cumplimiento del Real Decreto Ley 20/2012 de eliminación de la extra a los funcionarios e incluso cita algunas de las posibles maniobras en las que habían pensado algunos concellos, como subir complementos de productividad o mediante "incentivos al rendimiento".
El Ministerio de Hacienda advierte en esta circular de que cualquier entidad que adopte acuerdos que "supongan el incremento de cualquier concepto retributivo", como modificaciones presupuestarias para "transferir crédito desde otros capítulos del presupuesto al capítulo 1 de gastos de personal" que tengan como finalidad "el incumplimiento de las obligaciones" de supresión de la extra y de pagas adicionales de complemento de destino o equivalente, será impugnada por el Gobierno central al ser una "infracción del ordenamiento jurídico vigente".
El Ejecutivo central recuerda que las entidades locales y resto del sector público tienen que "cumplir con una triple obligación" este año respecto a las retribuciones: suprimir la extra y otras pagas, reducir las retribuciones anules previstas por el importe proporcional a dichas pagas; y establecer que los importes de las retribuciones a percibir por el personal no superen en ningún caso a los abonados en el año 2011 minorados en la cuantía de las pagas a suprimir.
El Estado advierte así de que no le valdrá ninguna maniobra para compensar a los funcionarios, como la acordada estos días en Vigo, donde el PSOE respaldó la iniciativa del BNG de buscar una fórmula para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos municipales. Los nacionalistas fueron los primeros en declarar su insumisión ante este decreto y su intención de mantener el salario de los funcionarios.
El ministerio no solo blinda su real decreto de supresión de la extra a los empleados públicos sino que además establece directrices de qué hacer con el dinero ahorrado. Por esta razón ordena a las entidades locales que dicten "por el importe correspondiente, acuerdo de no disponibilidad" de ese dinero y que éste quede "inmovilizado".
El Ejecutivo asegura que las cantidades derivadas de la supresión de la paga extra y de las pagas adicionales de complemento específico o equivalentes "se destinarán en ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación". Destaca así que las entidades locales deben "inmovilizar en el presente ejercicio los créditos previstos para el abono de las citadas pagas" dentro del presupuesto declarándolos como "no susceptibles de utilización".
Advierte de que la declaración de no disponibilidad "no supondrá la anulación del crédito" pero "no podrán acordarse autorizaciones de gastos ni transferencias y su importe no podrá ser incorporado al presupuesto del ejercicio siguiente". Es el pleno el que debe declarar la "no disponibilidad de créditos".
