La evolución de la población reclusa en España, en constante incremento desde 1995, agravado por la crisis, ha experimentado un brusco cambio de tendencia en los dos últimos años. De los 76.919 reclusos que había en el país en marzo de 2010 (cuando la población penitenciaria alcanzó su punto más alto) se pasó a finales de agosto a 69.888 (un 9,1% menos). Galicia, lejos de ser una excepción, se ha convertido en la comunidad donde más se notó esta caída, con 1.053 internos menos que en 2010, un 22,04%, según un informe del sindicato de prisiones mayoritario, Acaip, elaborado con datos del Ministerio de Interior.

Son varias las causas que explican este cambio de tendencia, aunque el estudio sindical apunta básicamente a dos: la última reforma penal y la disminución de los reclusos extranjeros. Los cambios introducidos en diciembre de 2010 en el Código Penal redujeron sensiblemente las condenas aplicadas para perseguir los delitos contra la salud pública (es decir, tráfico de drogas). Esta medida alivió la tradicional saturación de las cárceles españolas, ya que muchos pequeños traficantes pudieron salir de prisión acogiéndose al nuevo marco legal.

En cuanto a los prisioneros de otros países, el informe de Acaip recuerda que ha sido este colectivo el que más se ha reducido durante el periodo analizado, ya que de los 6.168 presos que perdieron en su conjunto las cárceles españolas, más de la mitad (3.453) eran extranjeros. En plena crisis y pese al temor a que esta desembocase en un incremento notable de la delincuencia entre el colectivo inmigrante, desde el sindicato de prisiones atribuyen esta disminución, de nuevo, a la última reforma penal. En ella, se modificó el artículo 89 para abrir la puerta a sustituir las penas privativas de libertad de menos de seis años por la expulsión del país en el caso de los extranjeros sin papeles. Esta modificación, unida a una circular posterior de la Fiscalía General del Estado con la que se pretendían unificar los criterios de actuación de las unidades especializadas en extranjería, facilitaron los trámites para la expulsión a sus países de origen de presos con el tercer grado o que hayan cumplido tres cuartas partes de su condena. La consecuencia fue un recurso mayor a este tipo de conmutaciones, que solo pueden ser acordadas por un juez a instancias del Ministerio Fiscal.

En Galicia, el 26% de sus 3.724 presos son extranjeros y aunque desde 2010 este colectivo ha retrocedido en peso y número en todos los penales de la comunidad, hay dos en los que se ha notado especialmente: Monterroso y Bonxe, ambos en Lugo. Según un informe anterior de Acaip que analiza el peso de los reclusos de otras nacionalidades sobre el total, el centro penitenciario de Monterroso (el único en Galicia donde menos de la mitad de su población es española) pasó de 235 extranjeros a finales de 2010 a solo 135 en junio de este año, es decir, una caída del 42,6%. En Bonxe, el descenso fue del 36,6% pero el número de prisioneros de otras nacionalidades que cumple condena en este centro (64) es el segundo más bajo de Galicia, solo por detrás de los 49 ingresados en Pereiro de Aguiar (Ourense).

En A Lama y Teixeiro, las más grandes de Galicia, el descenso también fue notable. En el caso de la prisión pontevedresa el peso de los extranjeros sobre el total de la población penitenciaria cayó un 27,7%, mientras que en el penal coruñés (contando a los 14 inmigrantes internos en el Centro de Inserción Social Carmela Arias) el descenso fue del 18,4%, al pasar de 481 reclusos a 386.

Fuentes de Teixeiro, con todo, apuntan a un tercer factor "clave" y, desde su punto de vista, más importante que el descenso de presos extranjeros, que sitúan "en una proporción similar" a la de la población reclusa en general. La puesta en marcha en los últimos años de algunos centros nuevos en todo el país alivió la sobresaturación que sufrían algunas cárceles ya existentes, y no solo en Galicia. Este aumento de plazas provocó también un descenso de las llamadas "conducciones", traslados de presos desde los penales con mayores problemas de hacinamiento a otros menos saturados, un fenómeno que hizo que durante años la población habitual de Teixeiro y A Lama creciese de forma continua para aliviar el atasco de otras penitenciarías al borde del colapso, sobre todo, en Canarias. La reducción de las conducciones, según estas fuentes, explica también el descenso de la población penal gallega.