La Asociación de Intérpretes de Conferencias de España (AICE) ha advertido hoy de la posibilidad de que los servicios de interpretación contratados por la Xunta de Galicia para el macrojuicio del 'Prestige' no estén a la altura de las necesidades de un proceso judicial de esta magnitud.
El juicio oral por la catástrofe medioambiental provocada por el petrolero "Prestige" en 2002 comenzará el próximo 16 de octubre y se celebrará en el palacio de congresos Expocoruña, en A Coruña, dada la gran cantidad de partes personadas en la causa.
El juicio, de acuerdo con el calendario calculado por la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña, se prolongará hasta el 29 de mayo del 2013.
La administración gallega ha destinado un presupuesto de 1,4 millones de euros para hacer frente a la adecuación de las instalaciones y la contratación de medios técnicos e intérpretes.
La AICE denuncia que para la contratación de los intérpretes la Xunta de Galicia ha recurrido a un 'concurso por invitación' al que sólo han podido acceder un número reducido de empresas.
Además, asegura que tiene constancia de que la empresa adjudicataria, "para mantener su margen de beneficios", está "ofreciendo honorarios muy por debajo de los habituales en el sector", y advierte de que le obligará a recurrir a personas sin la cualificación y la experiencia necesarias.
Por tanto, señala que los acusados podrían verse afectados por esta mala praxis y recuerda que la legislación europea prevé la impugnación de una sentencia por parte del acusado si éste considera que sus derechos procesales se han visto vulnerados por una interpretación o traducción de mala calidad.
En esta causa están acusados el capitán del buque, Apostolos Mangouras; el jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos, y el primer oficial, Ireneo Maloto, por presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, daños y desobediencia-resistencia, así como el entonces director general de la Marina Mercante José Luis López-Sors González, por supuesto delito contra el medio ambiente y daños.
Asimismo, están imputados como responsables civiles directos la aseguradora The London Steam-Ship Owners Mutual Insurance Association Limited y el Fondo Internacional de Indemnización de Daños debido a la contaminación por hidrocarburos, y como responsables civiles subsidiarios, las navieras Mare Shipping Inc y Universe Maritime Ltd, y el Estado español.
La reclamación total por daños y perjuicios en materia de responsabilidad civil asciende a 1.264 millones de euros, aunque la Fiscalía ya ha anunciado que pedirá una compensación por los daños ecológicos que podría ascender a más de 2.000 millones de euros.
Serán un total de 2.128 las partes personadas defendidas por 51 letrados y representadas por 28 procuradores.
