A un mes de las elecciones autonómicas, dos alcaldes, uno del PSOE y otro del PP, son investigados por la Justicia por un caso de corrupción. El regidor de Ourense, el socialista Francisco Rodríguez, y el de Boqueixón, el popular Adolfo Gacio, son dos de los trece detenidos en el marco de la operación Pokémon, en la que se investigan supuestos delitos de blanqueo de capitales y malversación, cohecho, falsedad documental, tráfico de influencias, fraude en exacciones ilegales, violación de secretos y prevaricación.

También ha sido arrestado Adrián Cordero, uno de los directivos de Vendex, empresa de servicios que gestiona bajo concesión servicios municipales como la grúa, la ORA o limpieza de edificios. Los contratos de esta empresa con los ayuntamientos de Ourense y Boqueixón pueden ser la clave de esta operación que dirige la titular del juzgado de instrucción número uno de Lugo, Pilar de Lara, también instructora del caso Carioca (supuesta trama de prostitución y corrupción que operaba en Lugo), sostienen fuentes próximas al caso. Se investigan irregularidades en contratos públicos, en concreto concesiones a dedo con entrega de dinero por medio, explican las mismas fuentes. Entre los detenidos está el expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y exedil socialista en el Ayuntamiento de Lugo, Francisco Fernández Liñares, y que también aparecía en el sumario de la operación Carioca.

La lista se completa con cuatro arrestados en Lugo, dos en Madrid, un empresario en Asturias y el último fue detenido en Bueu. Es Román O.F., que es el jefe de sección del Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Santiago. El consistorio compostelano contrató, según pudo saber este diario, a Vendex la limpieza de colegios y campos de fútbol y la gestión de una guardería municipal durante la etapa de Sánchez Bugallo (PSOE).

Efectivos del Servicio de Vigilancia Aduanera registraron ayer por la mañana dos despachos en la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y dos horas después se llevaron "expedientes de empresas ligadas a personas físicas o jurídicas de obras y servicios", confirmó el actual responsable de este organismo, Francisco Marín. Contratos de obras en las que participaba la Confederación y también el Ayuntamiento podrían estar entre los expedientes requeridos por Vigilancia Aduanera, apuntaban ayer fuentes próximas al caso.

Efectivos policiales también requisaron expedientes de contratos en los Ayuntamientos de Ourense, Lugo, Santiago y Boqueixón, y reclamaron documentación al respecto en la Agencia Tributaria de Lugo y Ourense. También registraron las oficinas de Vendex en A Coruña, Santiago y Ourense. En el consistorio ourensano, los informes eran adjudicaciones a la empresa Vendex, confirmaron fuentes del propio ayuntamiento. En el consistorio de Lugo, se llevaron informes de urbanismo. Precisamente Fernández Liñares, uno de los trece detenidos, fue edil de Urbanismo en el anterior periodo de gobierno de la ciudad.

La operación Pokémon saltó a la luz pública cuando a las ocho menos cuarto de la mañana tres efectivos de los Servicios de Vigilancia Aduanera se personaban en el domicilio del regidor de Ourense, a punto de salir de su casa, acompañado de su mujer, para llevarlo detenido con orden de incomunicación a la comisaría de la Policía Nacional en Pontevedra, donde pasó la noche, tras declarar ante los agentes, y desde donde hoy está previsto que sea trasladado a Lugo para prestar declaración ante la juez Pilar de Lara.

Sorprendió su traslado a la ciudad del Lérez y no a la comisaría de Ourense. La explicación, según fuentes de la investigación, fue que era más conveniente alejarlo de su ciudad, donde es alcalde. Su abogado, Carlos Hernández, defendió ante los periodistas "la inocencia sin ninguna duda" de su cliente y especificó que cohecho, falsedad documental, tráfico de influencias, revelación de secretos, prevaricación, fraude y exacciones ilegales son delitos por los que se ha iniciado esta investigación, en ningún caso cargos que pesen sobre el alcalde. "Nos parece muy bien que los juzgados ejerzan su función pero quizás con un poco más de moderación", añadió el letrado.

La atención mediática se concentró en el regidor de Ourense, una de las siete ciudades de la comunidad y una de los tres urbes regidas por el PSOE en Galicia. Está detenido también un alcalde del PP. Es Adolfo Gacio que rige desde 1991 los destinos de Boqueixón, una villa de algo menos de 4.500 habitantes en la provincia de A Coruña. En las últimas semanas se barajó la posibilidad de que Gacio dejase la alcaldía para ocupar un cargo diplomático en la embajada de España en Venezuela.

El presidente de la Xunta y candidato del PP a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, se mostró ayer cauto tras conocer la noticia de la detención del regidor de Ourense tras la reunión del Consello de la Xunta, momento en el que todavía no se conocía el arresto del regidor de Boqueixón. "Habrá que esperar a tener información de la Justicia, del Ayuntamiento de Ourense y de posibles personas implicadas", explicó Feijóo, que reclamó "respeto a la decisión de la justicia y a la presunción de inocencia". "Estaba en la reunión del Consello y no tengo información para una valoración definitiva", respondió a preguntas de la prensa antes de lanzar un mensaje al PSdeG. "Respetar la presunción de inocencia debería ser el comportamiento de los responsables políticos siempre", zanjó.

El secretario xeral del PSdeG, Pachi Vázquez, se enteró de la detención del regidor de Ourense mientras participaba en un coloquio en Santiago, donde las caras de dirigentes socialistas delataron la sorpresa por su detención a primera hora de la mañana. "Primero, no sabemos nada; segundo, confiamos plenamente en la Justicia; tercero, confiamos plenamente en nuestro alcalde", declaró el candidato socialista. "Cuando sepamos claramente de qué estamos hablando podremos decir más cosas", añadió. Más tarde, la diputada Laura Seara consideró que "no es casual" que la detención se produjese en precampaña electoral y fuentes socialistas llamaron la atención sobre el hecho de que el marido de la juez que instruye el caso pertenezca a la directiva del Partido Popular de Lugo.

El candidato del BNG a la Xunta, Francisco Jorquera, pidió "responsabilidad política" para "dejar actuar a la justicia" ante las detenciones de ayer y mostró su confianza en que "no haya otro tipo de motivaciones" más que la de "esclarecer si hubo o no hechos delictivos". "Si hay alguien en estos momentos que está haciendo cálculos sobre el impacto de este hecho en la campaña electoral, lo único que haría sería alimentar la sospecha de que en una actuación de este tipo los intereses que hay detrás no son única y exclusivamente judiciales", comentó. Además, recordó que "en un Estado de derecho es fundamental preservar el derecho de la presunción de inocencia" y en que "sería irresponsable" por su parte "especular sobre cómo puede afectar" la detención de Rodríguez a la campaña.