La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció ayer que el Ejecutivo reformará en esta legislatura el modelo de financiación autonómica, cuyo primera toma de contacto se celebrará el próximo 2 de octubre en la reunión de la Conferencia de Presidentes. Galicia es una de las comunidades que ya mostró su disconformidad con el actual sistema y trasladó varias veces al Gobierno central, a través del Consejo de Política Fiscal y Territorial, la necesidad de revisarlo porque considera que perjudica a territorios como el gallego con altos niveles de envejecimiento de la población y dispersión.
Sáenz de Santamaría argumentó, tras el Consejo de Ministros, que el PP no apoyó el modelo vigente y que fueron varias las autonomías que le han comunicado su descontento con el sistema y planteado su revisión. De ahí que el Gobierno se decidiera a dar ese paso, solo un día después de la reunión de Mariano Rajoy con Artur Mas en la que el presidente catalán reclamó, sin éxito, un concierto económico específico para Cataluña para incrementar su autonomía fiscal y el volumen de sus ingresos.
La vicepresidenta señaló que es en esa reforma donde Cataluña debe plantear sus demandas, por lo que la invitó a participar en el proceso de negociación. "En ese marco de colaboración leal y responsabilidad hemos invitado a participar a Cataluña", dijo.
Según precisó, la Conferencia de Presidentes estará centrada en la evaluación de la situación económica tanto de la Unión Europea como de España y de cada una de sus administraciones, y también incluirá la reforma de la financiación a petición de las autonomías. "Indudablemente, la reforma de la financiación autonómica será uno de los puntos que preocupa y se abordará", declaró.
El próximo lunes se celebrará ya una reunión preparatoria del Gobierno con los consejeros de Presidencia de todas las comunidades.
Sáenz de Santamaría no ha querido, sin embargo, desvelar la dirección en la que el Gobierno tiene previsto impulsar la reforma del modelo de financiación autonómica, ya que, sostuvo, el Ejecutivo primero debe "evaluar" el actual sistema para advertir los fallos que sean contrarios a la "cohesión social". "Una vez que se tenga esa evaluación, se podrá decidir cómo se corrige", advirtió la vicepresidenta.
La Xunta, en cambio, sí tiene clara su postura y reclama que los futuros modelos primen, a la hora de calcular el reparto de fondos, el envejecimiento y la dispersión poblacional.
