El alcalde de Boqueixón, el popular Adolfo Gacio, quedó ayer en libertad bajo fianza (tiene 72 horas para depositar 10.000 euros) e imputado por seis delitos, entre ellos cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales. Gacio es uno de los 13 detenidos en la operación Pokemon, en la que la titular del juzgado número 1 de Lugo, Pilar de Lara, investiga una supuesta trama de corrupción en la concesión de contratos públicos de diferentes administraciones (Boqueixón, Ourense, Santiago, Lugo y Confederación de Miño-Sil) y en la que la empresa Vendex sería una de las posibles beneficiarias. Gacio prestó ayer por la tarde declaración durante más de tres horas tras llegar esposado al juzgado. Tras escuchar su testimonio, la magistrada lo imputó pero acordó dejarlo en libertad bajo fianza. Hoy será el turno del otro regidor detenido, el de Ourense: el socialista Francisco Rodríguez. Está previsto que a primera hora de la mañana sea trasladado desde la comisaría de Pontevedra, donde permanece detenido e incomunicado, hasta Lugo para comparecer ante De Lara.

La implicación del regidor de Ourense en esta operación -que arrancó en Lugo y a raíz de otra operación que llevaba la misma juez, la Carioca, supuesta trama de prostitución y corrupción en la capital lucense-, surgió con la decisión de Pilar de Lara de grabar las conversaciones del gerente de Vendex, Adrián Cordero, otro de los detenidos. Fuentes próximas a la investigación explican que el pinchazo dio indicios a la juez para sospechar de posibles irregularidades en contratos del Concello de Ourense. Por ello, el jueves, tras la detención de Rodríguez, efectivos de Vigilancia Aduanera se personaron en el consistorio y reclamaron expedientes de contratos, y en concreto, los que ganó Vendex. Esta compañía, cuyo propietario Rolando Rodríguez Acosta también está detenido, gestiona el servicio de la ORA en Ourense y A Coruña y también se encargó, pero ya no, de los servicios de limpieza de los colegios y oficinas municipales ourensanos.

La juez Pilar de Lara tomó ayer declaración al regidor de Boqueixón, y antes a Román Otero, funcionario del Concello de Santiago que vive en Bueu, y que fue puesto en libertad con cargos pero sin fianza. Otero, el jefe de sección del Servicio de Contratación del Ayuntamiento compostelano, ya sabe lo que es pasar por los juzgados, pero no en calidad de imputado, sino de testigo y además clave para condenar hace tres años a un exarquitecto jefe municipal y a un aparejador del mismo concello.

Al cierre de esta edición, la juez seguía tomando declaración a Alberto Quintana Vilarelle, responsable en Santiago de la empresa Sermasa, una de las filiales de Vendex Esta firma presta servicio en el Ayuntamiento de Boqueixón en un programa de atención a mayores.

La juez también acordó en el marco de Pokemon, operación que arrancó antes del verano, embargar cuentas corrientes y algunos bienes de los empresarios detenidos y los que supone sus intermediarios para hacerse con favores de los políticos. No hay medidas cautelares para los dos alcaldes.

Además de los regidores de Ourense y Boqueixón, fueron detenidos el jueves Francisco Fernández Liñares, exedil en Lugo y expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, y otras ocho personas. De la empresa Vendex, fueron arrestados, además de Quintana, el propietario Rolando Rodríguez Acosta; Adrián Cordero; y José María Tudor, delegado del grupo en Galicia.

En Lugo también se personó el abogado del alcalde de Ourense, Arturo González, que intentó sin éxito hablar con la juez para saber cuándo pasaría a disposición judicial su defendido y conocer los cargos que se le imputaban. A la salida del juzgado, González dejaba patente su contrariedad. "No sabemos nada. No nos dan explicaciones de ningún tipo, y Paco (por el alcalde) no puede ver a su familia al estar incomunicado". Para el letrado todo esto "no es normal", por lo que anunció que de nuevo intentaría hablar con la juez para saber cuál es la situación de su cliente.

Por su parte, De Lara indicó a su llegada al juzgado que empezaría a tomar declaraciones a partir de las 17.30 horas, pero sin concretar, si pasaría por su despacho el alcalde de Ourense. "No se lo puedo decir", contestó. Mientras, en el exterior eran muchos los medios de comunicación que aguardaban y en una cafetería cercana, la compañera sentimental de Rodríguez, Mercedes Astorga, su asesor, Antonio Vallejo, y un trabajador municipal, Bienvenido José Fernández. Por la tarde llegaron el edil de Hacienda y el director de Comunicación.

El alcalde de Ourense tuvo ayer que recibir asistencia médica en la comisaría de Pontevedra, donde permanece detenido desde anteayer por la mañana. Fuentes cercanas al regidor precisaron a Efe que sufría fuertes dolores de cabeza, por lo que requirió la asistencia de profesionales sanitarios, que se personaron en la comisaría en ambulancia y con un equipo de oxígeno. Esta indisposición del regidor provocó que uno de sus asesores, Antonio Vallejo, exigiera desde "la indignación de la familia y los amigos" información sobre su estado, y reclamó la entrega del parte médico por la atención que tuvo que recibir en Pontevedra, al tiempo que calificó el proceso como "un atropello". Su pareja, que estaba en Lugo a la espera de que pasara a disposición judicial, se desplazó de inmediato a Pontevedra en cuanto supo del incidente.