A lo largo de esta mañana Adolfo Gacio oficializará su dimisión como alcalde de Boqueixón, un concello limítrofe a Santiago, tras su imputación en la operación Pokemon por parte de la juez Pilar de Lara, que le impuso una fianza de 10.000 euros para evitar su ingreso en prisión. Pese a ello, el popular, que tiene el bastón de mando desde 1991, denunció "malos tratos" por pasar "casi 48 horas detenido e incomunicado", casi un día menos que su homólogo ourensano, Francisco Rodríguez, y "comparecer en el juzgado esposado", algo de lo que sí se libró el socialista. Esa imagen, alegó, dañó a su familia y al "pueblo de Boqueixón".

Y es que los vecinos estuvieron presentes como argumento en la lectura de un comunicado por parte del regidor, que hoy formalizará su renuncia, pero que seguirá manteniendo el acta de concejal, lo que para el PSdeG supone que se mantendrá como "alcalde en la sombra" tras más de dos décadas en el puesto.

Gacio, sin embargo, defendió su decisión de dimitir pese a reiterar su inocencia para evitar causar "graves prejuicios" a su partido ante la "inminencia" de las elecciones y debido a la "trascendencia mediática" del caso. El argumento para defender su mantenimiento en el consistorio fue diferente. En su opinión, "no es oportuno ni adecuado" que un procedimiento judicial, en el que la juez le imputa los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y prevaricación, "sustituya la voluntad de los vecinos de Boqueixón expresada en las urnas".

Además, aseguró que los contratos municipales con la firma Vendex, supuesta pieza clave de la trama, se ajustaron a la legalidad.

Por su parte, el presidente del PP coruñés, Carlos Negreira, defendió la actitud "responsable" de Gacio y la contrapuso con la del regidor socialista de Ourense, Francisco Rodríguez.