El trabajo de la juez Pilar de Lara se ha complicado más de lo previsto tras las declaraciones de los responsables del Grupo Vendex. Según fuentes próximas a la causa, una de las piezas probatorias que serán fundamentales para el futuro de la investigación y del proceso judicial ha contribuido a enmarañar todavía más el rompecabezas en vez de arrojar luz sobre la supuesta trama empresarial.

A raíz de las escuchas telefónicas a los directivos de Vendex, los agentes de Vigilancia Aduanera descubrieron que la compañía había encargado una auditoría interna para determinar cuál era el estado "real" de las comisiones que habían pagado y quiénes eran las personas que más contrapartidas habían recibido a cambio de la adjudicaciones. De esta forma, el pasado mes de mayo, la empresa dio órdenes a todos sus delegados para que "aclarasen" el destino de sus pagos. El desfase entre el dinero que se estaría abonando por los favores prestados y las cuentas internas de la compañía, provocó que los directivos se viesen obligados a explicar dónde estaba el dinero que faltaba en la caja B, aseguran fuentes cercanas al caso.

Las conversaciones grabadas por orden judiciales dejan en evidencia un sinfín de "mordidas" que la juez va recopilando de cara a descifrar el papel de cada pieza del puzzle. El problema con el que no contaba la magistrada es que muchos de los responsables de Vendex anotaron sus pagos de forma aleatoria para ponerle nombre al dinero adjudicado previamente sin que constará de modo oficial. Cinco meses después, en los interrogatorios que se llevan a cabo en Lugo, los mismos directivos no reconocen las cantidades y, algunos de los pagos reales que sí admiten, no coinciden con los reflejados en la auditoría, siempre según las mismas fuentes. La confianza con la que se movían los imputados queda reflejada en el hecho de que ninguno sospechaba que estaba siendo vigilado por parte de Aduanas y menos que sus teléfonos estuviesen intervenidos por orden judicial.

Por el contrario, algunos de los ahora detenidos sí temían que su propia empresa llevase a cabo una investigación interna para aclarar cuál era el destino de los fondos que destinaban a las comisiones. La auditoría interna del Grupo Vendex puso en alerta a los delegados repartidos por las 40 provincias españolas en las que tienen intereses, ya que creció la desconfianza hacia los máximos responsables de la compañía.