Todas las cifras que se manejan alrededor del macrojuicio del Prestige, que arranca el próximo martes en A Coruña, son colosales. La más importante, por su volumen, es la cantidad que se va a reclamar por daños y perjuicios. En una primera estimación se cuantificó en 1.974 millones, de los que unos 1.000 corresponderían a Galicia. Pero estas cifras se han duplicado. La Fiscalía va a solicitar una compensación provisional de 4.121 millones. De ellos, 3.862 corresponden a daños medioambientales que serán abonados al Estado español, y los otros 259, a administraciones, entidades y particulares de España y Francia. Para los primeros se solicitan 172 millones y para los segundos, 86.

La catástrofe medioambiental provocada por el petrolero Prestige en noviembre de 2002 impactó, sobre todo, en Galicia. De ahí que sea, de las cuatro comunidades españolas afectadas, la que mayor indemnización reclama, según las estimaciones realizadas por la administración autonómica y las locales. En total, reclama 55,7 millones, seguida de Cantabria con 49; País Vasco con 45 y Asturias con 8.

Los ayuntamientos gallegos han computado lo que se gastaron desde que el 13 de noviembre de 2002 el petrolero comenzó a tener los primeros problemas frente a las costas gallegas. De esos 55,7 millones, solicitan 32,1. Los de la provincia de A Coruña son los que mayor indemnización requieren, con 29,2, seguidos de los de Pontevedra (1,9) y Lugo (1). Hasta 42 concellos coruñeses han enviado sus peticiones al fiscal. Solo cinco de ellos aglutinan el 86% de la indemnización en esta provincia. El de Camariñas es el que más reparación solicita (20,5 millones), seguido del de Muxía (1,8) y Carnota (1,1).

Una docena de ayuntamientos pontevedreses también aparece en la lista en la que piden 1,9 millones. Cangas aglutina la mayor parte de la compensación con 1,1. En el escrito de acusación también hay otros 11 concellos de esta provincia en los que no aparece la cifra que requieren, aunque durante el juicio saldrán las cantidades. Es el caso de Baiona, Marín, O Grove, Pontevedra o Vilagarcía. En la provincia de Lugo son media docena de ayuntamientos los que demandan algo más de un millón de euros.

Acusados

En la causa están acusados el capitán del buque, Apostolos Mangouras; el jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos, y el primer oficial, Ireneo Maloto, por presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, daños y desobediencia-resistencia, así como el entonces director general de la Marina Mercante José Luis López-Sors González, por supuesto delito contra el medio ambiente y daños.

También están imputados como responsables civiles directos la aseguradora The London Steam-Ship Owners Mutual Insurance Association Limited y el Fondo Internacional de Indemnización de Daños debido a la contaminación por hidrocarburos, y como responsables civiles subsidiarios, las navieras Mare Shipping Inc (propietaria liberiana del barco) y Universe Maritime Ltd (armadora griega), y el Estado español.

El Ministerio público solicita 12 años de cárcel para Mangouras: siete por un delito contra el medio ambiente y cinco por un delito de daños en espacio natural protegido. También le pide una multa de 43.000 euros. Además le requiere el pago de una indemnización -y a la aseguradora del barco- de 4.121 millones por daños y perjuicios en materia de responsabilidad civil.

La vista oral, que arranca el martes en el palacio de congresos de Expocoruña, se prevé que se prolongue hasta el 29 de mayo de 2013. Las partes personadas ascienden a 2.128 y serán defendidas por 51 letrados y representadas por 28 procuradores. También se han admitido 133 testigos y 98 pruebas periciales.

La Xunta ha destinado un presupuesto de 1,4 millones para hacer frente a la adecuación de las instalaciones y la contratación de medios técnicos e intérpretes.

El Prestige, que navegaba frente a las costas gallegas en noviembre de 2002 con 77.000 toneladas de fuel, perdió 55.000 antes de hundirse el día 19 tras jornadas de un errático deambular. Al final, el vertido afectó a cerca de 2.000 kilómetros de costa desde la frontera con Portugal hasta Francia.

Nunca Máis califica a Fomento de incompetente

Nunca Máis aseguró que las grabaciones en las que altos cargos del Ministerio de Fomento apostaban por refugiar el Prestige en el puerto de A Coruña en lugar de alejarlo de la costa confirman la actuación "irresponsable" e "incompetente" de las administraciones. Estas conversaciones divulgadas ayer ratifican la información que trascendió cuando ocurrió el accidente: los responsables de Fomento barajaban dos opciones, una era refugiarlo en la terminal de Repsol de A Coruña y la otra, alejarlo de la costa. / Redacción