Los vecinos de Ferrol no cejan en su empeño de que Reganosa cese su actividad. El equipo jurídico del Comité Ciudadano de Emergencia de la Ría de Ferrol, que desde el año 2000 agrupa a diferentes colectivos que llevaron a la regasificadora a los tribunales por su ubicación en el interior de la ría y por su proximidad a los núcleos de población, ya prepara un recurso de casación contra la sentencia dictada el pasado mes de noviembre por el Tribunal Superior de Justicia que ratifica la legalidad planta. El plazo para presentar alegaciones al fallo sobre la autorización administrativa previa de la regasificadora concluye el 19 de febrero.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se produjo seis meses después de que el Tribunal Supremo anulase el cambio del plan urbanístico de Mugardos que en 2003 amparó Reganosa. Una decisión que, según apuntó entonces el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no cuestionaba la "legalidad" de la planta de gas ya que el Concello de Mugardos aprobó este mismo año la revisión del plan general para blindar la regasificadora.
Por ese motivo, Feijóo rechazaba las peticiones de vecinos y organizaciones ecologistas sobre el cese de actividad de Reganosa. Según aseguraba en junio el jefe del Ejecutivo gallego, hay "encaje legal" para cumplir la sentencia del alto tribunal y mantener la regasificadora en su actual ubicación.
Sobre el fallo del TSJM, Reganosa defendió que el permiso que habilitaba el proyecto había sido otorgado por el Ministerio de Economía con el informe favorable de todos los organismos y Administraciones consultados.
Para el Comité Ciudadano de Emergencia de la Ría de Ferrol, la sentencia del Tribunal Superior de Madrid "no prejuzga" la autorización de la construcción de la planta. Según consta en el escrito de alegaciones en el contencioso contra la autorización de la planta de gas, la modificación del PXOM de Mugardos con el respectivo informe medioambiental tiene como "único objetivo" subsanar "unas ilegalidades que son insubsanables". Por ello, Comité Ciudadano de la Ría de Ferrol concluye que esta "ilegalidad" se "potencia" cuando Reganosa, "aún sabiendo que los vicios que estaba incurrido, podrían acarrear la demolición de la planta, forzó su construcción a toda costa".
