¿Hubo negocio con el rescate del Prestige? ¿Sabía Fomento que Remolcanosa, al servicio de las Administración española en esta emergencia marítima, también cerró un contrato con la armadora del petrolero? ¿Estas negociaciones retrasaron el remolque y agravaron las consecuencias del siniestro en las costas gallegas? Diez años después de la mayor marea negra de Europa, estas incógnitas siguen sin resolverse y quien podía aclararlas -José Silveira Cañizares, propietario de Remolcanosa- ha aducido razones de salud para no prestar declaración ante el tribunal que juzga el caso en A Coruña. Abogados personados en la causa solicitan a la Sala que citen a Silveira ante los "indicios claros" de que hubo una "negociación privada" para el uso del Ría de Vigo, propiedad de Remolcanosa y contratado por la Administración española a través de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar) para esta emergencia, y Fomento -sostienen- lo ha "consentido".
Este "aparente conocimiento y aquiescencia" por parte de las autoridades marítimas españolas desmontaría, a juicio del letrado de cofradías de pescadores Alberto Muñoz, la desobediencia que el Gobierno imputa al capitán del Prestige, Apostolos Mangouras. "Se demostraría la injustificada tolerancia de la Administración en la toma tardía (en más de tres horas) del remolque para facilitar la consecución de un negocio privado, tiempo importante para asegurar el buque, luchar contra la contaminación y posibilitar un más rápido análisis y evaluación ante la grave situación de riesgo medioambiental creada por el siniestro", advierte el letrado en el escrito remitido a la Sala para que vuelva a citar al propietario de Remolcanosa.
Según cifras aportadas el entonces delegado del Gobierno en Galicia, Arsenio Fernández de Mesa, el precio del salvamento del Prestige rondaría los 30 millones de euros. Si del "sustancioso contrato" entre Remolcanosa y Smit Salvage, empresa holandesa contratada por el armador del Prestige para el rescate, no tenía constancia "en todos sus términos" la administración marítima española, el letrado de cofradías de pescadores concluye que "debería ser fácilmente presumible para cualquiera de los altos cargos" que hasta ahora declararon en el juicio.
Días después de que el Prestige se partiera en dos a 133 millas de Fisterra, José Silveira Cañizares fue acusado por el Ministerio de Fomento de intentar rentabilizar el rescate cuando el Ría de Vigo había sido contratado por la Administración española como adjudicatario para esta emergencia marítima.
Fue el 8 de diciembre de 2002, apenas un mes después de la catástrofe, cuando el entonces ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, anunció que había ordenado a la Abogacía del Estado emprender las "acciones jurídicas" que procedieran contra Remolcanosa por supuesto "incumplimiento" de su contrato de exclusividad en el rescate del Prestige. El motivo de la demanda, según explicó entonces Cascos, era por negociar con el armador de espaldas al Gobierno un acuerdo con Smit Salvage cuando acudió al rescate como remolcador público. Pero la denuncia de Fomento quedó en nada y semanas después se renovó la concesión a Remolcanosa.
A la espera de que la Sala decida si cita o no como testigo al propietario de Remolcanosa, los abogados preguntarán hoy a Cascos por este contrato privado del Ría de Vigo con el armador del Prestige así como por el resultado del expediente abierto a la empresa de salvamento hace diez años.
