La reforma local no convence a ningún alcalde. Ni en el fondo ni en la forma. Reconocen la necesidad de una reorganización del mapa competencias de los ayuntamientos, pero no como la plantea el Gobierno porque, advierten, "vulnera la autonomía local" y relega el papel de los regidores a meras "figuras decorativas". Una semana después de que los alcaldes gallegos de todos los colores políticos anunciaran sus alegaciones al texto cocinado por Hacienda, los partidos representados en la junta de gobierno de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) se reunieron ayer en Madrid para exponer los cambios que urgirán al Ejecutivo "con una posición común". Los ayuntamientos coinciden en que no quieren costear el mantenimiento de colegios y ambulatorios ya que se trata de una competencia autonómica. Sin embargo no están de acuerdo en la fórmula que propone el Gobierno para ese traspaso. En el caso de sanidad, el borrador defiende que se haga en un plazo de cinco años desde que se apruebe la reforma pero los alcaldes piden que se haga en tan solo uno, el mismo plazo que se fija para la cesión de los servicios sociales a los Ejecutivos autonómicos.

En la práctica, para Galicia supondría que la Xunta tendría que asumir con carácter inmediato los gastos de un total de 170 ambulatorios que en la actualidad sufragan los ayuntamientos. Un mantenimiento que supera los siete millones de euros al año.

En el caso de educación, la administración local exige que se devuelvan a las comunidades sin que queden resquicios que les obliguen a seguir prestando servicios o asumiendo gastos en los centros escolares. "No puede ser que las entidades locales tengan que seguir asumiendo los coste de limpieza y mantenimiento de los colegios", defendió el presidente de la FEMP y también alcalde de Santander, Íñigo de la Serna (PP), al finalizar la reunión. Y por ello, los ayuntamientos reclamarán al Gobierno que en la redacción del anteproyecto clarifique que las competencias en materia de educación corresponden a las comunidades autónomas así como los gastos que acarreen.

Junto a la cuestión competencial, otra de las reivindicaciones que comparten todos los partidos y que se plasmará en el documento que trasladarán a Hacienda y en el que recogerán las alegaciones de las distintas federaciones territoriales es "la defensa de los municipios pequeños". Los regidores reclamarán la supresión de la intervención por parte de las diputaciones de los municipios de menos de 5.000 habitantes (199 en Galicia, el 63% del total en Galicia) que estén en una difícil situación financiera o que no rindan cuentas en plazo. "Ya hay suficientes mecanismos de control", sentenció De la Serna en alusión a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la posible retención de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) y a la disolución que ya se contempla para "casos extremos de insolvencia".

Los ayuntamientos reclamarán además, tal y como recoge ya la Fegamp en sus alegaciones, que el Gobierno tenga en cuenta a la FEMP a la hora de evaluar los costes que prestan los municipios de menos de 20.000 habitantes y de fijar su coste estándar así como que se amplíe el plazo para que los ayuntamientos se adapten al coste y que no se evalúen todos los servicios municipales de todas administraciones locales sino solo los de aquellas que "estén incumpliendo desde el punto de vista económico". "Se ha constatado un manifiesto descontento con la ley, generalizado y con independencia de colores políticos, como yo no había visto nunca en una asamblea", manifestó el vicepresidente de la FEMP y alcalde de Vigo, Abel Caballero (PSOE), para añadir que todas las intervenciones que ha habido durante el Consejo Territorial han sido para criticar la reforma, e incluso algunas para pedir la retirada del texto.