El valedor do pobo en funciones, José Julio Fernández, ha abierto una queja de oficio con fecha de este martes tras las sanciones recibidas por las concesionarias de las autopistas gallegas por rotular en gallego señales de aviso de peaje.

Además, este mismo miércoles, el alto comisionado se ha dirigido a la Delegación del Gobierno con el fin de que informe sobre estas circunstancias y de las medidas que prevé adoptar para garantizar en la comunidad el uso del idioma gallego en los paneles de circulación.

El expediente que incoó se debe a su "preocupación" por las denuncias cursadas por la Guardia Civil y las sanciones impuestas por la Dirección General de Tráfico a las concesionarias de las autopistas en Galicia por rotular señales que avisan de la inminente llegada a un peaje.

En las dos autopistas autonómicas existen más de 200 señales de estas características en las que la palabra peaje en gallego ocupa la parte superior y la palabra 'toll', en inglés, se sitúa en la parte inferior.

Según pudo saber el alto comisionado, tal y como explica en un comunicado, fueron sancionadas las concesionarias por incumplir el reglamento general de circulación al no aparecer este aviso también en castellano.

Petición de información

Por estos motivos, y con el fin de aclarar lo ocurrido, la defensoría gallega ha iniciado una investigación sumaria e informal ante la Delegación del Gobierno en Galicia y, en un escrito remitido a esta instancia, el Valedor do Pobo pide información sobre las circunstancias de lo ocurrido.

También demanda conocer las medidas que tiene previsto llevar a cabo para habilitar la posibilidad de que las señales de aviso de los puestos de peaje incluyan menciones también en gallego, como idioma cooficial de Galicia y propio de la comunidad.

Precisamente, este miércoles A Mesa pola Normalización Lingüística entregó un documento ante el Valedor do Pobo en el que cita varios ejemplos de incumplimiento de la legislación lingüística, como las señalizaciones de las autopistas, en todas las comisarías de la Policía Nacional o de la Guardia Civil, en todas las delegaciones de la Agencias Tributaria o del Instituto Nacional de la Seguridad Social o en todas las campañas publicitarias del Ayuntamiento de A Coruña.