La defensa de Apostolos Mangouras, capitán del "Prestige" cuando se hundió en noviembre de 2002 frente al litoral gallego causando la mayor catástrofe de la historia de España, ha acusado hoy a las autoridades españolas de ser responsables del hundimiento del petrolero.

"Una ola averió el 'Prestige', pero lo hundió la administración española y le costó mucho, seis días, porque la avería no era tan grave", ha declarado el letrado José María Ruiz Soroa, que representa a Mangouras, en relación a la gestión de la crisis desde que el barco zozobró, el 13 de noviembre de 2002, hasta que finalmente se hundió seis días después.

El letrado también ha acusado a la administración española de "hacer trampas" en el proceso judicial seguido para delimitar las responsabilidades por este accidente.

"Lo que realmente hundió el buque fue el rumbo Noroeste 320 que le impusieron las autoridades marítimas españolas y que le sometió a una ordalía de esfuerzos", ha recalcado.

Ruiz Soroa ha presentado esta mañana sus conclusiones definitivas ante el tribunal de la Audiencia Provincial de A Coruña que juzga los daños por la catástrofe medioambiental.

El abogado de Mangouras ha denunciado la "dualidad judicial" propiciada por España al promover un juicio contra la clasificadora del "Prestige", American Bureau of Shipping (ABS), en Estados Unidos.

El pasado año el Tribunal de Apelación del Segundo Circuito de Nueva York rechazó finalmente la demanda interpuesta por el Gobierno español, que reclamaba una indemnización de 800 millones de euros, contra la empresa que certificó que el petrolero estaba en condiciones para navegar al no encontrar pruebas para responsabilizar a la clasificadora del siniestro.

El letrado ha advertido de las "consecuencias perturbadoras" de la estrategia judicial seguida por España y ha remarcado que "no ha respetado las garantías mínimas de un proceso penal".

Además, ha denunciado que al decidir pleitear primero contra ABS en Estados Unidos ha convertido el juicio penal iniciado en A Coruña el pasado 16 de octubre en un proceso de "segunda categoría".

Además, ha criticado que en el juicio de A Coruña no hayan estado peritos y testigos que ha considerado claves.

Ruiz Soroa, que ha invertido casi cuatro horas en la exposición de sus conclusiones, ha incidido en que durante la vista oral no se ha presentado ninguna prueba que acredite que el "Prestige" presentaba daños en su estructura antes de producirse el accidente, y la subrayado que su historial era "inmaculado".

El letrado ha dedicado buena parte de su intervención ha tratar de demostrar que el accidente que provocó que el "Prestige" zozobrase a primera hora de la tarde del 13 de noviembre de 2002 y sufriese una fuerte escora del 25/30 por ciento se debió al fuerte temporal en el que se vio inmerso y no a fallos en la estructura del buque.

En este sentido, ha insistido en la teoría de que el accidente pudo ser causado por una ola gigante de unos dieciséis metros tal y como han sostenido algunos peritos durante el juicio.

"Una ola de estas características es perfectamente compatible con el tipo de avería que presentaba el 'Prestige'", ha señalado.

Además, ha insistido en que, al contrario de lo que se ha tratado de demostrar durante el juicio, Mangouras "no tuvo conciencia en cuando zarpó de San Peterburgo de que el barco estuviera en mal estado", por lo que ha considerado que el capitán no puede ser condenado ni civil no penalmente.

El juicio del "Prestige", que comenzó el pasado 16 de octubre, ha entrado en su recta final con la presentación de las conclusiones definitivas de las numerosas partes personadas en la causa.

Abrió este turno el pasado 19 de junio el fiscal de Medio Ambiente de Galicia, Álvaro García Ortiz, quien pidió una pena de 12 años para el capitán del "Prestige", Apostolo Mangouras, y reclamó 4.328 millones de indemnizaciones por los daños de la 'marea negra', de los que 2.433 corresponden a Galicia.

Además de Mangouras se sientan en el banquillo de los acusados el jefe de máquinas del "Prestige", Nikolaos Argyropoulos, y el exdirector general de la Marina Mercante José Luis López Sors, el único alto cargo de la administración española acusada en este proceso.