Aunque los incendios es uno de los temas que más preocupan al fiscal de Medio Ambiente de Galicia, Álvaro García Ortiz, desde el año pasado han sido desplazados en su atención por el macrojuicio del Prestige, en el que como acusación solo apuntó al capitán del petrolero, Apostolos Mangouras. Ahora el proceso está visto para sentencia y el fiscal podrá dedicarse a otros asuntos, sobre todo el de la contaminación de ríos y rías, que considera "uno de los más graves problemas ambientales que afectan a la comunidad".

-Mantiene la petición de 12 años de prisión, como al principio del proceso, para el capitán del Prestige, pero a la vez pide que no ingrese en prisión. ¿Cómo lo justifica?

-Las conductas del capitán, a nuestro juicio, son extremadamente graves y esa es la respuesta del Código Penal, pero las circunstancias de hace diez años no son las de ahora. Mangouras tiene una edad y hay que tener en cuenta también su asistencia y el comportamiento en el juicio. Desde ese punto de vista no es que no pidamos que no haya una pena de prisión, sino que no tenga que pasar ni un solo día en la cárcel a consecuencia de una sentencia condenatoria. Las acusaciones marcan, digamos, el límite por encima, y el tribunal puede rebajarlo y probablemente lo haga para que no tenga que ir a prisión una persona de 77 años.

-Sería por razones humanitarias, de edad, entonces...

-Hay que tener en cuenta su edad y dado el tiempo transcurrido desde que se produjeron los hechos, el reproche penal ha de amortiguarse. Ese término de justicia que tenemos no sería lo mismo nada más ocurridos los hechos, sería una Justicia más justa, que una Justicia que se impone esos años después.

-Diez años después de lo ocurrido, ¿hasta qué punto se pudieron desvirtuar los hechos?

-Queda todo muy lejos, pero también el sentido del juicio oral es acercar la realidad a los jueces y que todos podamos revivir lo ocurrido. Los testimonios sí quedan un poco desvirtuados por el tiempo, pero los documentos, las filmaciones, todo eso no queda desvirtuado. En ese sentido hemos tenido un juicio con muchas oportunidades de volver al pasado aunque es verdad que diez años en justicia es mucho tiempo.

-El juez echa de menos más acusados. ¿Y usted?

-En cuanto a personas del entorno que nosotros acusamos, de la armadora y del barco, no puedo estar más de acuerdo, pero la investigación dio lo que dio. El representante de la armadora, el director de operaciones, falleció cuando iba a ser detenido, con lo que, en ese entorno esas posibilidades se esfumaron. Del ámbito de la fletadora fue muy difícil, porque quebró dos veces. En el ámbito de ABS la Audiencia dijo que no era el camino adecuado. La instrucción ha dado de sí lo que hemos podido. No se ha podido llegar más lejos.

-Si la sentencia es condenatoria, ¿qué posibilidades hay de cobrar la indemnización?

-La propuesta que nosotros hacemos es jurídicamente aceptable y si hay una sentencia condenatoria es un camino que se puede recorrer. El camino que proponemos a los jueces es adecuado para el cobro de las indemnizaciones. Hemos propuesto el pago del dinero de la aseguradora, una posibilidad bastante real. Es una aseguradora solvente con sede en Londres.

-En seguridad marítima, ¿está Galicia mejor preparada para un incidente similar?

-Estamos mucho mejor que en la época del Prestige. Pero eso no quiere decir que estemos blindados ante otro Prestige.

-¿Y judicialmente también?

-Es necesaria una reforma del proceso penal porque es un instrumento del siglo XIX y no es eficaz. Debemos evitar que se tarde diez años en enjuiciarse los hechos por muy difíciles que sean.

-Aparte del Prestige, su Fiscalía también lleva los vertidos...

-Los vertidos a los ríos, a las rías, los acuíferos? son un gravísimo problema que tenemos en Galicia, es uno de los más graves problemas ambientales a los que se enfrenta la comunidad.

-En el caso de los vertidos, ¿son suficientes las multas para disuadir a las empresas?

-Si el vertido es tóxico y afecta al ecosistema las penas son de prisión. Entiendo que la legislación es suficiente. Otra cosa es que se tomen los instrumentos para que se cumpla. La capacidad inspectora de la Administración ambiental es la que tiene que estar más activa para impedir que esto suceda.

-Su Fiscalía se ocupa también de urbanismo. En los últimos años, ¿ha influido la crisis en la caída de delitos?

-Hay una bajada en la persecución de delitos urbanísticos desgraciadamente no producida por otro factor más que la bajada de la capacidad especulativa que generan los terrenos y la construcción. La crisis hace que se construya menos y, por tanto, se infrinja mucho menos la ley.

-¿Actúa con la suficiente contundencia la justicia contra la corrupción urbanística?

-Antes los delitos urbanísticos eran una excepción y poco a poco se van incorporando porque se investiga más. Pero son investigaciones complejas, y estamos en un estado de cosas en el que es muy difícil pensar que es el Derecho Penal el que va a acabar con la corrupción o la especulación urbanística.