En un cajón del despacho de Hacienda se guarda bajo llave el esperado texto de la reforma local que tras un nuevo aplazamiento será aprobado este viernes por el Consejo de Ministros. El anuncio de la fecha clave para el futuro del municipalismo la dio ayer el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, quien negó que este retraso -su aprobación estaba prevista para el viernes pasado- se debiera a negociaciones contra reloj con los alcaldes y lo atribuyó a la necesidad de hacer un "estudio adicional" tras el dictamen del Consejo de Estado para incluir en el texto definitivo sus "recomendaciones". Los detalles que dio ayer el número dos de Hacienda dejan entrever que la nueva Ley de Bases del Régimen Local rebajará el protagonismo que en un principio el Gobierno pretendía dar a las diputaciones y que llevó a los alcaldes, incluidos los del PP, a presentar una batería de alegaciones contra el "vaciado de competencias" municipales y el ataque a la "autonomía local". El papel de las corporaciones provinciales se centrará, según avanzó Beteta, en apoyar la gestión de los pequeños municipios. Una tarea que permitirá, tal y como ya están haciendo en la actualidad decenas de concellos gallegos, que los pequeños ayuntamientos puedan agrupar la prestación de servicios como la recogida de basura, el abastecimiento de agua o incluso los servicios sociales con el objetivo de prestarlos de manera más eficiente y, en teoría, a menor coste.
"Se trata de prestar servicios comarcales bajo la gestión administrativa de la diputación. Eso no acarrea coste alguno al ayuntamiento, ya que el servicio lo pagan los vecinos a través de las tasas y el trabajo del personal que gestiona ese servicio lo costea la corporación provincial", explica el vicepresidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y alcalde de O Barco, Alfredo García (PSdeG). Precisamente en su comarca, nueve municipios pusieron en marcha este mecanismo en diciembre pasado para la depuración de aguas. "No sé si resultará más barato pero desde luego más eficaz, sí", sostiene García.
Esta redefinición del papel de las diputaciones por parte de Hacienda podría dejar sin efecto el traspaso de servicios municipales a las corporaciones provinciales durante un plazo de cinco años en aquellos municipios que no se ajusten al coste que Gobierno y ayuntamientos fijen para cada prestación.
Ya la semana pasada, el Gobierno de Castilla y León avanzó tras una reunión con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que éste les había adelantado que el nuevo documento "suavizará" y "relativizará" el papel de las diputaciones y que el coste de cada servicio tendrá en cuenta las particularidades de cada territorio -en el caso de Galicia, además de la población, el envejecimiento y la dispersión poblacional-.
Durante un encuentro con periodistas en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander, el número dos de Hacienda restó importancia al varapalo del Consejo de Estado del pasado día 2 de julio, cuando alertó en su informe (consultivo, no vinculante) de que había aspectos del proyecto de la reforma que podían ser inconstitucionales. "El informe no decía que había aspectos inconstitucionales, todo lo contrario: hizo recomendaciones de mejora", explicó. "Estas recomendaciones -añadió- irán incluidas el texto" A la pregunta de si serían todas se limitó a decir que las más "sustantivas". En su dictamen, el órgano presidido por José Manuel Romay Beccaría advertía de que la reforma propuesta por el Gobierno reducía "en exceso" la autonomía local, criticaba abiertamente el traspaso de competencias municipales a las diputaciones y concluía que el llamado coste estándar de los servicios municipales suponía un cheque "en blanco" al Ejecutivo para quitar competencias a los ayuntamientos.
Sobre la posibilidad de consultar nuevamente a los alcaldes la futura reforma local, Beteta lo descartó. "Está ya todo cerrado y la reforma ya está ultimada para su tramitación habiendo cumplido todos los trámites precisos", zanjó Beteta, al tiempo que rechazó que el plazo adicional que se ha dado Hacienda para cerrar el documento se concediera para volver a negociar con los regidores.
El secretario de Estado de Administraciones Públicas reiteró que la reforma permitirá un ahorro de 8.000 millones hasta 2016 ya que conlleva una "auténtica mejora" en la gestión del municipalismo, el parto de competencias entre comunidades y ayuntamientos -las llamadas impropias- y la "auténtica potenciación" de las diputaciones con "competencias exclusivas y propias".
Desde la FEMP, su presidente Íñigo de la Serna (PP), da por hecho que el documento que salga del Consejo de Ministros no recogerá todas las reivindicaciones del municipalismo por lo que manifestó que el trámite parlamentario será "muy importante" para mejorarlo.
