22 de septiembre de 2013
22.09.2013
La Opinión de A Coruña

Los médicos gallegos rehúsan informar a Tráfico de quién no puede conducir

Asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico consideran que el derecho a la vida del paciente y de otras personas es motivo suficiente para estar a favor de la propuesta de la Fiscalía

22.09.2013 | 00:00
Un agente de la Guardia Civil muestra un test de drogas. / efe

Los facultativos critican que la medida vulnera el derecho a la intimidad y el secreto profesional

La propuesta de la Fiscalía de modificar la ley de tráfico para que los médicos puedan comunicar a la Dirección General de Tráfico (DGT) los datos de los pacientes que no están en condiciones de conducir debido a una enfermedad o deficiencia para que esta les retire el carné no ha sido acogida de igual forma por las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico que por los profesionales de la salud. Mientras que las primeras aplauden esta iniciativa en aras de la seguridad vial, los facultativos entienden que colisiona con el secreto profesional.

"La propuesta, tal y como está articulada, presenta una gran dificultad porque afecta al derecho a la privacidad del paciente, a la relación médico-paciente y al secreto profesional, que se basa en el respeto a la intimidad del paciente. Si se lleva a cabo, el médico se convertiría es una especie de delator", argumenta el facultativo Luis Campos Villarino.

La propia Fiscalía reconoce que el hecho de padecer una enfermedad se enmarca en la esfera de la privacidad de una persona, pero alega razones de interés de general para justificar el sacrificio de este derecho fundamental. Sin embargo, para el experto médico, la propuesta puede abrir otras puertas "hasta el infinito" en nombre del interés general.

Villarino asegura que serían muchos los pacientes que podrían verse privados del carné de conducir si la ley termina recogiendo esta propuesta y pondría en peligro la relación de confianza entre médico y paciente, lo que a su vez podría conllevar serios problemas al médico al vulnerar el secreto profesional. "Es una medida difícil de llevar a cabo, tanto desde el punto de vista constitucional como práctico", insiste.

Las víctimas de accidentes de tráfico se escudan, sin embargo, en el interés general para aplaudir la propuesta de la Fiscalía y argumentan que el derecho a la vida del propio paciente como de terceros es motivo suficiente para considerar la medida. "Es importante porque es quitar un riesgo de la carretera. Si una persona ve mermadas sus aptitudes para conducir por motivos de salud, no debería coger el coche, pero algunos conductores no lo tienen en cuenta. El médico de familia tiene que involucrarse porque hay muchas vidas en juego", afirma Jeanne Picard, responsable de STOP Accidentes Galicia.

Picard añade que el criterio médico también tendría que aplicarse en los casos de personas mayores que continúan conduciendo a pesar de no tener sus capacidades al 100%. La responsable de esta asociación gallega también aplaude la otra propuesta de la Fiscalía de que sean los propios conductores quienes costeen las pruebas de detección de drogas en caso de que den positivo y apuesta por la tolerancia cero y los cursos de reeducación.

Según los datos que recoge la Memoria Anual de la Fiscalía del Estado, el año pasado se incoaron 2.155 expedientes administrativos a conductores que dieron positivos en drogas, aunque solo se derivaron a la vía penal 31 debido a la "falta de medios materiales y personales".

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