La garantía de obtener un permiso de la Xunta para transportar mercancías y viajeros sin fiarlo todo a la capacidad de estudio provocó que doce gallegos que el pasado sábado se presentaron a las pruebas convocadas en Santiago para obtener el título autonómico de gestor de transportes decidiesen pagar 5.000 euros a un grupo que, desde fuera del recinto, les soplase las respuestas correctas a través de un pinganillo. Todos fueron cazados por la policía autonómica, a la que alertó la Consellería de Medio Ambiente, organizadora del examen.
Los agentes cazaron el intento de fraude en las pruebas y requisaron 25 equipos de radiotransmisión junto a sus respectivos pinganillos. Los examinadores se encontraban dentro del recinto de pruebas, mientras que los soplones se hallaban en un vehículo estacionado fuera. Según Vicepresidencia de la Xunta, uno de estos había entrado antes en el recinto para hacerse con una copia de las preguntas. Luego el resto, con experiencia en la materia, según la versión policial, comenzó a transmitir las respuestas.
Además del material técnico, los agentes de la sección de investigación de la policía autonómica se hicieron con 15.000 euros en metálico, "previsiblemente de los cobros" a los aspirantes al título de transportista de mercancías y viajeros.
Aunque todavía no se conoce cómo los cabecillas de la red contactaron con los estudiantes, el modus operandi del fraude consistía en que los aspirantes pagaban un adelanto de 1.000 euros antes del examen bajo el compromiso de que les facilitasen las respuestas durante la prueba. El día de esta se les facilitaba a cada uno un pinganillo casi indetectable", según explica la Xunta en un comunicado, y un transmisor bajo la ropa, material con que accedían al recinto. A partir de ahí, esperaban las respuestas correctas para marcarlas en el examen y asegurarse el título.
El permiso que deseaba obtener este grupo de personas resulta imprescindible para dedicarse al transporte de personas o mercancías en la comunidad. El examen del sábado pasado consta de dos partes, según reza la convocatoria del mismo que aparece en el Diario Oficial de Galicia. En primer lugar, se debe afrontar un test de 100 preguntas en que cada acierto concede 0,04 puntos y cada error penaliza 0,02. Las no respondidas no puntúan y es necesario que cada aspirante logre un mínimo de 2 puntos.
La segunda parte incluye la solución de seis casos prácticos, en que los aciertos suponen un punto y los errores cero. Es necesario al menos lograr 3 puntos y que, entre la primera y la segunda prueba, se alcance como mínimo seis para lograr el título. El examen tenía una duración máxima de cuatro horas.
La policía autonómica ha enviado el informe del caso, así como las pruebas halladas -los sistemas de comunicación y el dinero- al Juzgado de Instrucción de guardia de Santiago, que ahora deberá decidir si imputa algún delito a las dieciséis personas sorprendidas.
No es la primera ocasión en la que pruebas de la Xunta aparecen salpicadas de irregularidades. En 2010 Sanidade relevó a Rosario García Villadangos, entonces subdirectora xeral de Recursos Humanos del Sergas y responsable de la custodia de los exámenes de unas oposiciones en que familiares y empleados de su departamento lograron las mejores notas. En 2006 la Xunta bipartita reconoció la filtración de pruebas para un examen de arquitecto técnico. En ambos casos se trataba de pruebas que permitían obtener plaza, no como en esta ocasión.
