Los partidos representados en el Parlamento gallego están "muy preocupados" ante la sucesión de escándalos que afectan a la Administración. Si la operación Pokemon condiciona la vida política desde hace dos años, el anuncio de nuevos registros en varias instituciones ordenados por un juzgado de Vigo hace que los supuestos casos de corrupción se extiendan a más concellos y salpiquen también a Pontevedra, que hasta ahora se había mantenido al margen de las investigaciones judiciales.

El portavoz parlamentario del PP, Pedro Puy, afirmó ayer que está "muy preocupado" por los casos que están saltando de posible corrupción política y por cualquier actuación que "ponga en duda el funcionamiento ordinario de la Administración". Tras la junta de portavoces indicó que hay que tener "más responsabilidad" que nunca en las declaraciones de los cargos públicos y realizó un llamamiento a respetar las actuaciones judiciales y los principios del Estado de derecho. Además, instó a la prudencia hasta conocer la integridad de los sumarios y que, en cualquier caso, con la actuación de la Justicia "hay garantía de que quien la hace la paga".

Su homólogo del PSdeG, José Luis Méndez Romeu, concede que "a veces es difícil explicar lo que pasa", aunque recuerda que las actuales investigaciones se refieren a casos pasados. En todo caso, señala que su partido defiende "la necesidad de prevenir" para evitar que se repitan en el futuro actitudes similares. En esa línea, reivindicó "más transparencia, sobre todo en las áreas de riesgo como contratación pública, urbanismo, contratación de personal", además de "medidas claras y un código de conductas para cuando se produzcan los hechos".

Méndez Romeu señaló que su grupo demandó puntos de encuentro políticos con otras formaciones, sobre todo el PP, "pero", añadió, "el presidente de la Xunta no parece muy interesado en el asunto ya que hay una comisión (en el Parlamento) que duerme el sueño de los justos".

Compromiso por Galicia, a través de su secretario xeral, Xoán Bascuas, pedía que se convocase la comisión no permanente de estudio para la elaboración de un plan de medidas de prevención y erradicación política "ante la magnitud de los acontecimientos" que están conociéndose.

Mientras, BNG y AGE volvieron a pedir "dimisiones" de los imputados tras conocer la operación judicial. El portavoz de AGE, Xosé Manuel Beiras, ve "pasmoso que no haya una sola dimisión". Francisco Jorquera, del BNG, subraya que su partido marca una "pauta clara": cualquier imputado debe dimitir.

El PP rechazó ayer una iniciativa promovida por AGE y apoyada por BNG y PSdeG para pedir que se cree en Galicia una unidad judicial anticorrupción. No obstante, la diputada Julia Rodríguez Barreira indicó que, en el seno de la comisión parlamentaria para prevenir la corrupción, los populares serán "favorables" a la constitución de un "organismo autónomo verdaderamente independiente" para combatir estas prácticas.