24 de febrero de 2014
24.02.2014

Protestas por la "privatización" del Registro Civil

La concentración más numerosa ha sido en A Coruña y tendrá su continuidad el próximo miércoles en Ferrol

24.02.2014 | 18:58
Protesta en Ourense.

Más de un centenar de personas se han movilizado hoy, convocadas por los sindicatos del sector de la Justicia -CCOO, CIG, UGT, USO y CSIF- ante los tribunales de Ourense y de A Coruña para protestar contra lo que consideran como una "privatización" del Registro Civil.

La concentración más numerosa ha sido en A Coruña, en la plaza de la Audiencia provincial, que el pasado viernes ya había acogido una protesta similar que se reprodujo este mediodía y que tendrá continuidad el próximo miércoles, con un nueva movilización en defensa del carácter público del Registro Civil, esta vez en Ferrol, en los juzgados de la calle Coruña.

"El Registro Civil es un servicio público y gratuito desde 1870", asegura CCOO, que critica la intención del Ministerio de Justicia de transformarlo en "un mercado más con una suerte de nuevo impuesto revolucionario contra la ciudadanía", denuncia este sindicato en una nota.

A la protesta de esta mañana en A Coruña estaban convocados ahorradores que denuncian el presunto fraude masivo por la inversión de su dinero en participaciones preferentes y otros productos de riesgo; colectivos sociales como Stop Desahucios, críticos con el proceso de apropiación de viviendas, y otras asociaciones vecinales, ha explicado a Efe Jorge Suárez, portavoz de CCOO.

Pronostican que los ciudadanos acabarán teniendo que pagar "altas sumas" por actos cotidianos como obtener una partida de nacimiento, un expediente de matrimonio o un certificado de nacionalidad.

"Lo peor", opina otra delegada de CCOO, es que estas tasas al Registro Civil no irán para "financiar la sanidad universal y gratuita, o la educación o el propio sistema judicial, porque serán para enriquecer aún más a un grupo muy reducido de privilegiados del ministro -de Justicia, Alberto Ruiz- Gallardón", concluye.

En Ourense, medio centenar de personas, entre delegados sindicales y funcionarios de justicia, se ha concentrado este mediodía delante de la puerta de la sede judicial de la capital, también con un doble objetivo.

"Por un lado evitar la supresión de puestos de trabajo en la administración justicia y, por otro, defender a los ciudadanos que tendrán que abonar el pago de certificaciones que hasta ahora eran gratuitas", ha señalado a Efe el presidente de la junta de personal de la administración judicial, Teo Fernández.

En la capital orensana, el Registro Civil se compone de siete trabajadores, que ascienden hasta "la veintena" en el conjunto de la provincia, sumados "los ocho juzgados más Ourense", ha abundado.

En el caso de los habitantes de zonas rurales, este portavoz advirtió de que la situación será todavía peor y afirmó que "los registros civiles en los pueblos están en los juzgados de paz", por lo que los ciudadanos que necesitan una certificación iban a "su pueblo a pedirla".

Con la reciente propuesta del Gobierno, los ciudadanos "a partir de ahora tendrán que ir al registro de la propiedad", que se encuentra en la capital orensana y en las principales villas de la provincia, "con la consiguiente incomodidad" para los usuarios, dado que les obligará a desplazarse para poder pedir certificaciones, ha dicho.

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