Casi 400.000 expedientes de nacionalidad pendientes de resolver se acumulaban a principios de 2013 en grandes montañas de documentos del Ministerio de Justicia. En aquel entonces 5.000 de esas solicitudes eran de ciudadanos extranjeros afincados en Galicia que llevaban más de dos años y medio a la espera de regularizar su situación. Para tratar de frenar el colapso de casos pendientes y agilizar el papeleo, el Gobierno central aprobó en junio pasado a través del Plan Intensivo de Tramitación un convenio con los registradores de la propiedad. De esta forma se han resuelto en el último año 2.000 expedientes, pero todavía hay 3.000 que siguen pendientes de conseguir la nacionalidad.

A pesar de que el nuevo sistema permite acortar el tiempo de espera de dos años y medio a poco más de un año, los colectivos de inmigrantes denuncian que al mismo tiempo las denegaciones "abusivas y carentes de fundamento" aumentaron de forma "desproporcionada". Desde Ecos do Sur calculan que de los 2.000 expedientes resueltos en Galicia en el último año, el 25% -alrededor de medio millar- fueron desestimadas. La responsable jurídica de la organización en A Coruña, Elena Maisón, destaca que hasta ahora "no había presentado ningún recurso" contra este tipo de casos y apunta que desde que se puso en marcha el plan del Gobierno tramita de media cuatro expedientes al mes en la ciudad.

La abogada explica que a cónyuges de personas con nacionalidad española se les niega el permiso porque les exigen diez años de residencia y no les aplican el periodo corto de dos años para los nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea, Portugal o personas de origen sefardí. Otros motivos por los que el departamento estatal rechaza las solicitudes tienen que ver -afirma- con la caducidad de los certificados de residencia o de antecedentes penales. Maisón critica que en estos casos es muy complicado demostrar que el motivo de la denegación es "erróneo e injusto" porque no se puede acceder al expediente. Y además de todos los recursos de reposición que ha presentado -añade- no le han contestado ninguno, por lo que si pasado un mes no se recibe ninguna respuesta "se entiende que se desestima". En ese caso, el siguiente paso es acudir a la Audiencia Nacional, lo que implica como mínimo abonar 1.500 euros para pagar las tasas y los honorarios del procurador y del abogado.

El portavoz del Foro Galego de Inmigración, Miguel Fernández, destaca que la obtención de la nacionalidad supone "superar todas las trabas que presentan las renovación de permisos como extranjeros y por eso cuando pudieron la solicitaron".

En este sentido, la letrada Elena Maisón considera que la crisis no influye en las peticiones, ya que simplemente cambian los motivos. "Antes lo hacían para quedarse por un periodo prolongado y ahora lo hacen para tener más libertad de movimiento y así poder trabajar por toda Europa o en caso de que vuelvan a sus países de origen para tener la oportunidad de regresar a España", explica.