Las armas con las que se comete un delito son esenciales para su esclarecimiento. En un asesinato o un robo, la pistola o el cuchillo junto con el testimonio de los testigos son las pruebas fundamentales para sentar al sospechoso en el banquillo. Pero en los delitos de incendios, que cada año devoran miles de hectáreas en los montes gallegos, las llamas destruyen cualquier indicio que pueda conducir al autor. Tras el fuego, la cerilla o la colilla con la que se originó el foco queda reducida a cenizas. Y al cometerse en lugares poco transitados apenas hay testigos de cualquier movimiento sospechoso de vehículos o transeúntes por la zona donde comenzó el fuego.

El hecho de que la investigación en este tipo de delitos no aporte pruebas concluyentes impide llevar a juicio el 95% de los casos de incendios registrados en la comunidad. Así lo reflejan las estadísticas de 2013 de la Fiscalía Superior de Galicia. De los 750 expedientes de incendios contabilizados el año pasado en la comunidad por el Ministerio fiscal, un 11,5% más que el año anterior, tan solo 34 llegaron a juicio (apenas 5%) frente a los 46 del ejercicio anterior (un 7%). Y de los condenados, son casos contados los que ingresan en prisión. La práctica totalidad eluden el ingreso en prisión ya que carecen de antecedentes delictivos o la pena impuesta no supera los dos años. Con el pago de una multa y en casos excepcionales con el ingreso en un psiquiátrico de los incendiarios con algún trastorno mental, comportamiento antisocial o dependencia de las drogas o el alcohol, se da carpetazo al asunto judicializado.

Además de la falta de pruebas determinantes, las dudas e incluso el olvido que provoca el paso del tiempo en los testigos da al traste de cientos de investigaciones en materia de incendios. Y es que salvo los casos de incendios por imprudencia -por quema de rastrojos- que resultan sencillos ya que se resuelven con un juicio rápido; en los asuntos complejos donde hay que ofrecer acciones a los perjudicados, la resolución del caso se demora de dos a cuatro años. Para evitar las absoluciones por el transcurso del tiempo y la degradación de las pruebas, en gran parte de los testigos, el fiscal del Medio Ambiente en Galicia, Álvaro García Ortiz, urge más medios para obtener pruebas más objetivas. Entre esos medios, están las imágenes que pueden captarse de las cámaras de autopistas o de las llamadas cámaras de trampeo, utilizadas por los cuerpos policiales en determinadas investigaciones.

Por provincias, Ourense fue el año pasado la que concentró un mayor número de delitos de incendios: 267 (el 35,6% del total en la comunidad). Le sigue en el ranking A Coruña (199), Pontevedra (189) y, finalmente, Lugo (95). En total, 77 delitos forestales más que el año anterior (+11,4%). Pero de los 750 delitos forestales registrados el año pasado en Galicia, tan solo 34 fueron llevados a juicio, un 12% , menos que el año anterior (46). Encabeza la lista de casos de incendiarios sentados en el banquillo de los acusados la provincia de Ourense, con diez casos, seguida de Lugo (9), A Coruña (8) y finalmente Pontevedra (7).

Y en cuanto a las sentencias por incendios, el año pasado se dictó el mismo número que en 2012: un total de 45. La cifra de fallos de 2013 se queda por encima del número de delitos forestales registrados lo que confirma la demora que supone la investigación de quemas en los montes arrastrando asuntos de años anteriores. "Lo más difícil y lo que más ralentiza el proceso es ofrecer acciones a los perjudicados: por una hectárea de monte quemado puede haber 40 afectados", explica el fiscal de Medio Ambiente.

Jueces y fiscales ven suficientes las actuales penas que fija el Código Penal para los delitos de incendios, que recoge hasta 20 años de cárcel para delitos intencionados con riesgo para las personas. Donde hay que trabajar, reiteran, es en el refuerzo de la prevención, la extinción y la investigación.