Suspensión de pagos. Es el primer síntoma de que una empresa tiene que presentar un concurso de acreedores para poder hacer frente a sus deudas y evitar su quiebra. Aunque ya han pasado seis años desde el inicio de la crisis, 2013 tampoco fue un año fácil para las compañías gallegas. La cifra de asuntos que llegaron el año pasado a los juzgados de lo mercantil así lo reflejan: hasta ocho veces más concursos de acreedores que en 2007. En total fueron 611 las sociedades mercantiles afectadas por procesos de insolvencia frente a las 81 contabilizadas hace seis años, según datos de la memoria del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). O lo que es lo mismo, unas doce empresas entran cada semana en concurso de acreedores en la comunidad.

Tal es la sobrecarga de trabajo provocado por los deudores concursados que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) situó ya en 2011 al juzgado de lo mercantil de A Coruña entre los más saturados de España. Ya entonces el aluvión de trabajo que suponía el proceso concursal de Fadesa colocó al órgano judicial coruñés un 250% por encima de su capacidad de carga estimada para un año.

Balance

Por segundo año consecutivo los pleitos en los juzgados de la comunidad se redujeron y dieron un nuevo respiro a los órganos más colapsados. Durante la presentación de la memoria judicial, el presidente del TSXG, Miguel Ángel Cadenas, destacó que en Galicia se sentencian más asuntos de los que ingresan, lo que provoca que los casos pendientes de resolución sean cada vez menos. Hasta un total de 464.109 asuntos fueron llevados el año pasado a los juzgados en Galicia -una media de 1.271 cada día-, lo que supone un 1,6% menos que los más de 471.000 tramitados el ejercicio anterior. Este balance a la baja coincide con el primer año de aplicación de las nuevas tasas judiciales, consideradas desproporcionadas por el sector de la judicatura y que ya advirtió de que su encarecimiento disuadiría a cuatro de cada diez ciudadanos de acudir a la Justicia.

El efecto del tasazo impuesto por Gallardón -que permitió recaudar 13,5 millones en los juzgados gallegos, casi el triple que en 2012- se puede comprobar en las cifras globales de asuntos judicializados en la comunidad: en lo civil bajaron de 112.881 a 106.588 (casi un 6%), mientras que en lo contencioso administrativo cayeron un 14%. En lo social, el descenso fue del 2% y, por el contrario, en lo penal los pleitos se mantuvieron en cifras similares al año pasado con un ligero incremento del 0,28%.

Dos factores han sido clave en el descenso de asuntos pendientes. La caída de la litigiosidad que evitó que la bolsa de pendencia engordase más y el esfuerzo de las plantillas judiciales, que consiguieron sacar adelante más trabajo del que ingresaron en 2013, en concreto 1.515 asuntos más.

Pese a la mejora en la tasa de resolución el año pasado, Galicia es la segunda comunidad, por detrás de País Vasco, con peor índice, ya que apenas resuelve un 0,3% más de los asuntos que llegan a los juzgados. En el extremo opuesto está Canarias, con casi un 4,4% más de causas resueltas que las tramitadas en 2013.

A la par que la litigiosidad empieza a contenerse, el número de fallos a la espera de resolución también disminuye. Los juzgados penales de la comunidad cerraron 2013 con un total de 14.752 sentencias pendientes de ejecución, un 15% menos que el año anterior.