Cabezazos, golpes en las costillas, mordeduras, lesiones craneales y cervicales... La lista de agresiones de presos a funcionarios se ha disparado. En los últimos diez años se registraron cerca de 3.000 ataques de reclusos en las cárceles del país. Solo el año pasado se contabilizaron un total de 329, lo que supone un incremento de casi el 50% respecto a las 220 ocurridos en 2003.

En apenas un mes un recluso en Teixeiro (A Coruña) incendió hasta en dos ocasiones su celda y agredió a cuatro funcionarios, a uno de ellos llegó a cortarle la cara con el hierro de su cama. El interno que protagonizó este ataque y nuevos altercados en las semanas siguientes no fue trasladado de manera inmediata a otra prisión, pese a que así lo recoge el artículo 95.3 del reglamento penitenciario para los autores de agresiones físicas con armas o objetos peligros.

Este incidente ocurrido en Teixeiro en los meses de mayo y junio es uno de los cientos de ataques que se producen cada año en los centros penitenciarios de España, algunos con pinchos de fabricación artesanal e incluso con puños o hondas (latas dentro de un calcetín). Algunas agresiones, como las mordeduras, obligan a activar el protocolo por accidente bacteriológico para evitar la transmisión de enfermedades por parte del interno al funcionario agredido.

Funcionarios de Teixeiro reclaman un centro psiquiátrico penitenciario para la zona norte

Las estadísticas elaboradas por los sindicatos revelan que cada día se registra un ataque a funcionarios de prisiones. Si en 2003 se contabilizaron un total de 220 ataques a funcionarios, en 2005 se elevó a 2008 se elevó a 275, en 2010 hubo 323 y el año pasado se contabilizaron un total de 329 a un total de 480 trabajadores, según datos del Sector Nacional de Instituciones Penitenciarias del CSI-F.

Entre las agresiones físicas más comunes figuran las fracturas de dedos, roturas del tabique nasal o desprendimientos de retina.

Detrás de este aumento de la conflictividad entre rejas, según advierten los propios funcionarios, hay dos factores: la política de recortes del Gobierno central y la masificación de las prisiones. Sin convocatorias de plazas por parte de Instituciones Penitenciarias, sin posibilidad de cubrir bajas y sin concursos de traslados, los trabajadores advierten de que la seguridad en los penales se ha visto "mermada" en los últimos años y algunos centros penitenciaros se han convertido en una "olla a presión" por la conflictividad provocada por los reclusos trasladados de otros penales.

A estos internos que protagonizan agresiones, el Ministerio del Interior los traslada con carácter de urgencia de un penal a otro para evitar que los altercados vayan a más. Sin embargo estos traslados que recoge el artículo 95.3 del reglamento penitenciario no ha sido cumplido por parte de Instituciones Penitenciarias en Teixeiro tras las agresiones protagonizadas por varios reclusos, según advierten desde el sindicato CSI-F en escrito remitido al secretario de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste. Una situación que „sostienen los trabajadores„ pone en riesgo la integridad física y psíquica de los trabajadores, quienes ante la ausencia de una respuesta por parte de Interior permite a los internos más conflictivos actuar "con aparente impunidad".

Ante esta situación, CSI-F cuestiona que mientras Instituciones Penitenciarias acomete en otros centros el traslado de los presos que protagonizan agresiones, en Teixeiro no se actúa con la misma" premura" y "contundencia". Entre las cinco demandas que trasladan a Yuste, destaca el cumplimiento del artículo 95.3 sobre el traslado de presos agresores con resultado de lesiones; así como el empleo de esposas con carácter preventivo en el departamento de aislamiento así como la creación de un centro psiquiátrico penitenciario en la zona norte para atender a internos que padecen una patología psiquiátrica y que está afectando a departamentos como enfermería o aislamiento.