La juez Pilar de Lara deja en manos del Tribunal Supremo la decisión de investigar al portavoz del PP en el Senado y líder del PP de Lugo, José Manuel Barreiro, por su implicación en el caso Pokemon, una investigación que analiza una red de sobornos a cambio de favores políticos en numerosas concellos de Galicia. La instructora del caso reclama al Servicio de Vigilancia Aduanera todas las conversaciones telefónicas interceptadas en las que aparezca o sea citado el también exvicepresidente de la Xunta para su envío al Supremo junto a la exposición motivada en la que recoge el posible cobro de sobornos, por lo que será ahora el alto tribunal el que deberá decidir ahora si investiga al dirigente debido a su condición de aforado.
El paso dado por De Lara, plasmado en una providencia firmada ayer, supone el colofón a las pesquisas realizadas en la investigación y a la exposición motivada que cuenta con el apoyo de la Fiscalía para investigar a Barreiro, decisión que no necesariamente implicaría su imputación.
Los agentes de Aduanas sospechan que el dirigente del PP, apodado El chino en las conversaciones, podría haber recibido 5.000 euros de manos de José María Tutor, máximo responsable de Vendex en Galicia, la firma central de la trama. El pago tendría como objetivo frenar las críticas del PP de Lugo a la renovación servicio de gestión de la ORA en Lugo, en manos de una firma de Vendex.
Probado
El Servicio de Vigilancia Aduanera considera probado que ambas personas mantuvieron un encuentro y concluye que, tras él, se cumplió esa meta. "A partir de esta reunión [entre Barreiro y Tutor], dejan de salir en los medios de comunicación información sobre las dudas del PP sobre la ORA en Lugo", reza un informe de los agentes que consta en el sumario sobre el que se ha levantado el secreto de sumario. En otro pinchazo que consta en esa documentación, Javier Reguera, responsable de la ORA en Lugo y también imputado en la Pokemon, dice tras esa entrevista que "el chino va a cortar el viento", en posible alusión a las gestiones de Barreiro.
El encuentro se habría celebrado en 2011, antes de las elecciones municipales, cuando Barreiro formaba parte de la oposición en el concello de Lugo y lideraba el grupo municipal del PP. El alcalde de la urbe, el socialista José López Orozco, está imputado en la causa.
Durante la investigación, los agentes lograron una agenda de los responsables de Vendex que en vísperas de las elecciones municipales de 2011 contaba con iniciales y cantidades asignadas supuestamente a sobornos en las ciudades de A Coruña, Ourense, Lugo, Santiago, Ferrol, Arteixo, Ribeira o Boqueixón con siglas que, entienden, corresponden a PP, PSOE, BNG y Terra Galega.
En esa relación intervenida a Tutor que estaba destinada, presuntamente, al propietario del grupo, Gervasio Rolando Rodríguez Acosta, aparece detallado el pago de "gratificaciones" a varios políticos, entre los que se encuentra Barreiro. Se le asigna una cantidad de 5.000 euros -en un principio estaba previsto que fuesen 6.000-, que podría haber recibido el 20 de mayo de 2011. También aparecen citados el expresidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar, con 6.000 euros, o el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, con 3.000 euros. Ambos se encuentran imputados en la causa.
Cuando se conoció la parte del sumario en el que se apuntaba este presunto comportamiento delictivo, Barreiro aseguró que "jamás" había cobrado ningún dinero de Vendex y anunció medidas legales para salvaguardar "su honor". "Todo es rotundamente falso. No tiene ni pies ni cabeza. Es indignante porque nadie jamás me ha dado nada", declaró tras recordar que desde 1999 no había tenido responsabilidades en el gobierno municipal de Lugo.
El caso de Barreiro tiene similitudes con el de la diputada del PP en el Parlamento gallego Paula Prado y ambos se encuentran en situación similar.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia decidirá este mes si admite a trámite la petición de la juez para investigar a la que fuera portavoz del PP de Galicia. El Supremo tiene ante sí la misma decisión, pero sobre el portavoz popular en el Senado.
