24 de septiembre de 2014
24.09.2014
La Opinión de A Coruña

El Parlamento aprueba la nueva ley que eleva las sanciones por maltrato animal

Las multas por infracciones graves, como matar mascotas, pasan de 15.000 a 30.000 euros n Los toros quedan al margen

24.09.2014 | 00:41
El Parlamento aprueba la nueva ley que eleva las sanciones por maltrato animal

Con la única abstención de la diputada Carmen Iglesias del grupo mixto, el Parlamento gallego aprobó ayer la nueva ley contra el maltrato de animales domésticos y salvajes en cautividad. Fue una reforma impulsada por el colectivo Libera y apoyada por casi 120.000 firmas que AGE canalizó en la Cámara. Tan solo se altera un artículo y varias disposiciones de la ley original con el objetivo principal de endurecer las sanciones económicas.

Las multas por maltrato animal en Galicia serán ahora más elevadas y variarán desde los 100 hasta los 30.000 euros. Por ejemplo, el no recoger los excrementos en vías públicas que deja una mascota tendrá un sanción de carácter leve penada con hasta 500 euros, cuando antes no superaban los 300. El abandono de un animal de compañía se considera infracción grave, y multado con hasta 3.000 euros. Y suben de 15.000 a 30.000 las multas por infracciones muy graves, como el sacrificio de mascotas sin control médico o la organización de peleas clandestinas. Se excluyen del ámbito de aplicación de la ley las corridas y los espectáculos taurinos, motivo por el cual se abstuvo la diputada Carmen Iglesias.

Pese a que el acuerdo fue casi unánime, sí hubo debate, sobre todo porque PSOE y BNG querían introducir una enmienda en la ley para obligar a la Xunta a presentar al Parlamento un informe anual sobre la aplicación de la norma. Pero el PP no la aceptó, si bien el diputado popular Santiago Freire Abeijón garantizó que la Administración autonómica informará y hará una evaluación de la ley.

Tanto los socialistas como los nacionalistas consideraron una contrariedad que la Xunta alegara que no tenía datos sobre el maltrato de animales y que por otra parte se negara a elaborar un informe sobre la situación en la comunidad autónoma.

"Los informes rigurosos necesitan un tiempo y articular los mecanismos precisos", defendió, por su parte Santiago Freire Abeijón, quien insistió en que "el informe y las valoraciones" se harán "en condiciones" y "no con la premura de cuatro meses", lo que impediría "acreditar con veracidad" los datos.

Por otra parte, el Parlamento gallego aprobó también ayer la ley de archivos de Galicia que apuesta por aumentar la coordinación, las nuevas tecnologías y crea el Consejo de Evaluación documental de Galicia, que determinará la conservación o no de los distintos archivos y documentos.

La ley afecta a los archivos públicos y privados y la cabecera del sistema seguirá en el Archivo de Galicia, ubicado en la Ciudad de la Cultura, a cuyos responsables les corresponderá coordinar y elaborar las directrices técnicas.

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