La lista de viviendas, naves, galpones y locales comerciales amenazados por la piqueta aumenta año tras año. Las piquetas batieron récord el año pasado en Galicia con un total de 129 edificaciones ilegales reducidas a escombros. O lo que es lo mismo, una obra derribada cada tres días. Esta cifra supera la previsión que se había marcado para 2014 la propia Consellería de Medio Ambiente, ejercicio para el que había fijado la demolición de 80 construcciones, y se queda muy por encima -más del triple- de los 38 derribos ejecutados hace cinco años o los apenas. La provincia de A Coruña concentra el 44% de las obras borradas del catastro el año pasado a base de pico y pala. Hasta un total de 57 edificaciones levantadas en suelo rústico o zona de costa no edificable fueron reducidas a solares. Le siguen en el ranking, la provincia de Pontevedra (50 derribos), Lugo (15) y finalmente (Ourense).
Durante la reunión del consejo consultivo de la Axencia Galega de Protección da Legalidad Urbanística (APLU), entidad dependiente de la Consellería de Medio Ambiente creada en 2008 para perseguir el feísmo y las irregularidades urbanísticas que se cometan en cada concello, su directora, María Martínez Allegue, destacó el cada vez mayor número de demoliciones realizadas de forma voluntaria por los propietarios de las edificaciones ilegales. De los 129 derribos ejecutados en la comunidad el año pasado, tan solo uno fue llevado a cabo por las excavadoras de la agencia urbanística de la Xunta. Tal vez por concienciación de sus propietarios, que saben que tarde o temprano su vivienda, nave o negocio será derribado porque carece de licencia o la construcción fue levantada en suelo rústico o zona de costa no edificable. Pero también porque así evitan las sanciones que aumentan a medida que el expediente de demolición avanza.
El infractor que acata la orden de derribo tiene una bonificación en la multa del 80%. De lo contrario, la ley obliga a la Administración a imponer una serie de multas coercitivas para forzar el propietario a cumplir el derribo y si las sanciones tampoco surten efecto, es en última instancia cuando interviene la administración -la Xunta en suelo no urbano y los ayuntamientos en el resto- para ejecutar la demolición de forma subsidiaria, reclamando los costes a posteriori. Según destacó la directora de la APLU, la cifra de derribos voluntarios el año pasado (98,2%) está doce puntos por encima de los registrados en 2010 (86,8%),
Desde que el bipartito creó esta agencia urbanística en 2008 con el objetivo de poner coto a las miles de construcciones ilegales levantadas en todo el territorio, en Galicia fueron derribadas más de 400 edificaciones repartidas en más de un centenar de concellos.
Para este año, la APLU se fija como "prioridad" la inspección de los concellos que "transcurren por las diferentes rutas oficiales del Camino de Santiago, los costeros y los que tienen espacios naturales", pero sin detallar cuáles ni la cifra. Además, también mantendrá como "prioritaria" la incoación de expedientes de obras que se encuentran en ejecución, "con independencia de la fecha de la denuncia, de forma que se paralizan las obras".
