La regulación que implantó el año pasado la Xunta en la recogida de setas ya se aplica en otras comunidades autónomas y comarcas españolas. En algunas zonas se han creado permisos y licencias para los recolectores, otras establecieron tarifas en función del lugar de su residencia o del uso que se le da a los hongos, en otras se limita la recolección a los propietarios o vecinos del coto o incluso se deja en manos de los dueños de los montes la posibilidad de cobrar o sancionar a los seteros. Son algunas de las fórmulas en las que se ha fijado la Consellería de Medio Rural para diseñar su propio reglamento micológico.
En Soria, por ejemplo, ya en los años 90 las autoridades delimitaron una zona de 60.000 hectáreas de monte público en las que para poder recoger setas se exige un carné. El permiso cuesta unos 60 euros al año para los vecinos y entre 180 y 240 para los que no residan en la zona, según el uso que le den a las setas (si tiene fines comerciales es más caro que si la licencia es recreativa).
El sistema en Cataluña es similar, pero no se limita solo a montes comunales, sino también a propiedades particulares: parte de lo que se recauda con los permisos del coto micológico revierte en los propietarios forestales.
En Valencia, además de los permisos, desde 1996 se puede multar a todo el que recoja más de seis kilos de setas por persona y día, o a los seteros que remuevan el suelo con hoces, rastrillos o azadas.
En Navarra no se cobra por los carnés, sino por el paso en determinadas sendas forestales, en las que trabajan guardias que aconsejan a los recolectores de setas sobre los métodos y las zonas de recogida.
