Desde octubre, para garantizar que los huevos que se venden son de casa o que los grelos o patatas proceden de la huerta familiar, no basta la palabra del vendedor sino que lo acredite al legalizar esta actividad. Comercializar miel y sus derivados como polen, propolen o jalea real, cereales, legumbres y hortalizas, huevos o setas en granjas, ferias o tiendas requiere desde hace cuatro meses que los productores estén inscritos en el Registro de Explotaciones Agrarias de Galicia (Reaga) y que se den de alta en la Sección de explotaciones acogidas al régimen de venta directa (Sevedi), entre otros trámites burocráticos. Desde que se puso en marcha el decreto de la Xunta para regularizar la venta directa de estos productos al consumidor, más de un millar de personas han decidido regularizar su actividad y dejar de operar en una situación de economía sumergida. Son 1.006 casos en el periodo que el decreto lleva vigente, según los datos de la Consellería de Medio Rural, lo que supone una media de 60 a la semana y ocho al día. Para los sindicatos es una cifra "baja" si se tiene en cuenta los puestos que hay en cada mercadillo y el número de ferias de este tipo que se celebran cada semana en muchos pueblos de la geografía gallega.

En Unións Agrarias (UUAA) consideran que, aún así, esta iniciativa del Gobierno gallego es "un primer paso" y significa "un avance" porque permite vender con seguridad y garantizar la explotación de origen. Pero consideran que queda "mucho camino por andar", ya que, en su opinión, esta ley se queda "coja" al no incluir nada respecto a la venta por internet y sobre la certificación de la producción. "Al final al consumidor solo se le aclara de qué explotación viene lo que compra pero ningún sello le garantiza su calidad", destaca el responsable de Agricultura y Ganadería Extensiva de UUAA, José Ramón González.

En cuanto a todo el papeleo necesario para vender alimentos del sector primario, reconoce que se trata de "una elevada carga burocrática" para "poca cantidad de mercancía". Pese al número de altas en venta directa en estos meses, hay muchos a los que les cuesta al principio pasar estos trámites. "La mayoría son jubilados que se dedican a la venta directa no de forma exclusiva sino complementaria, y por desinformación temen que los controles puedan afectar en sus pensiones", destaca el representante de UUAA.

El proceso para regularizar la venta de productos agroalimentarios comienza con la inscripción en el Reaga y los que ya sean profesionales incluidos en ese registro deberán comunicar el alta en la Sección de explotaciones acogidas al régimen de venta directa, para lo que tendrán que cubrir la solicitud que aparece en el anexo del decreto y entregarla en la oficina agraria comarcal más cercana, en el registro de la Xunta o en cualquier otro registro público. En ese escrito se diferencia a los interesados en función de si tienen o no un código Reaga asignado. En el primer caso es necesario modificar el documento de inscripción en este registro para actualizar los datos además de ofrecer una relación de los terrenos.

Si el usuario no cuenta con ese código antes de darse de alta en el Sevedi para poder vender productos agroalimentarios debe darse de alta antes en el Reaga incluyendo las referencias de las fincas en el Sistema de Información Xeográfica de Parcelas Agrícolas (Sixpac) de la Xunta para poder identificarlas, junto con una relación de las hectáreas de tierra que se dedican a cada cultivo y el número de cabezas de ganado de cada especie. Será la Consellería de Medio Rural la que analice si el productor cumple todos los requisitos. Y si el interesado quiere un certificado que acredite el alta en la venta directa tendrá que rellenar otra solicitud y pagar las tasas correspondientes.

No se acaban ahí los trámites porque, una vez que la Xunta dé el visto bueno, el productor tendrá que anotar lo que vende, la cantidad y la fecha y el lugar de venta cada vez que acuda a una feria o incluso cuando comercialice sus cosechas en su propia granja. En el caso de que actúe de intermediario con una frutería o una tienda habrá que añadir a los datos anteriores la identidad del establecimiento.

De esta forma, al garantizar que la mercancía procede de una explotación, se evitan casos de personas que, como relata González, compran las verduras al camión de reparto para luego revenderlas en los mercados locales.

Aunque la norma supone una elevada burocracia por un lado también la reduce por otro. A las pequeñas explotaciones no les compensaba inscribirse en el Registro Sanitario Industrial debido a la inversión que supone. Antes de la entrada en vigor del decreto si no se cumplía este trámite funcionaban en la ilegalidad. Ahora podrán dar salida a sus alimentos sin pasar este trámite. Pero no estarán exentos de controles periódicos por parte de la Consellería de Medio Rural, y si quieren superarlos con éxito deberán cumplir una guía de buenas prácticas de cada sector que avalen la calidad sanitaria de la venta.

El último trámite que deben pasar los productores antes de sacar su mercancía al mercado tiene que ver con el etiquetaje. Los interesados deben saber que la miel, el polen y el propolen es obligatorio venderlos envasados y el resto en este formato o a granel. En la etiqueta de los productos con envase debe figurar el nombre, la cantidad neta, la fecha de consumo preferente -salvo en frutas, hortalizas y setas-, la identidad del productor -con el nombre, la dirección y el número del Reaga- y el número de lote. Los alimentos que se comercialicen a granel, aunque no lleven etiqueta, deben informar a los usuarios con un rótulo o cartel si se muestran en ferias con el nombre del producto y de la explotación de origen, con un documento comercial si se llevan a tiendas y basta con explicarlo de forma oral si la venta es in situ en la granja del dueño. En ambos casos es necesario mostrar el precio impuesto en base a la normativa de consumo.

Para González reducir y agilizar los trámites y ser "más sensibles" con la situación de los pensionistas serían dos medidas que la Xunta debería tener en cuenta para que el número de inscripciones en el Sevedi aumente y el control de la venta directa sea efectivo.