Los dos exdirigentes de la cofradía de Cabo de Cruz imputados, en libertad sin fianza

El expatrón mayor de la cofradía de Cabo de Cruz (Boiro), Carmelo Vidal, y la expresidenta de las mariscadoras, Ermitas Pérez -su mano derecha hasta las elecciones del pasado verano-, quedaron en libertad con cargos y sin fianza tras prestar declaración ayer, durante casi diez horas, en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ribeira. Ambos están finalmente imputados por presuntos delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad documental, por lo que deberán comparecer cada mes en sede judicial hasta la celebración de juicio.

Vidal y Pérez tuvieron que explicar las irregularidades detectadas en la investigación: facturas justificativas de pagos no realizados, movimientos de cuentas sin justificar, servicios que no se llegaron a prestar, facturas infladas, repostajes en vehículos particulares con cargo a las cuentas de la cofradía e imposición de normas internas de funcionamiento del pósito crucense con el fin de acopiar mariscos en cantidades superiores a los cupos permitidos, para justificar excesos que repercutían directamente en beneficio de los imputados.

Balbino Manuel Olveira, que fue copropietario de una asesoría que realizó diversos trabajos para el pósito boirense, y la actual secretaria del cabildo, Bárbara Mariño, tuvieron que declarar también, aunque ya fueron puestos en libertad el martes, poco después de ser arrestados por la Guardia Civil.

Los hechos investigados policial y judicialmente guardan estrecha relación con las acusaciones lanzadas en los últimos años por los detractores de ambos exdirigentes. Las presuntas irregularidades organizativas y contables que se producían supuestamente en la entidad escandalizaron a buena parte de los socios de la cofradía crucense, motivo por el que el fiscal se pronunció hace dos años. Lo hizo para alertar, según el auto, de la falta de transparencia contable, cobro de cantidades indebidas, pagos ficticios y doble contabilidad.

El Ministerio público pidió entonces que se investigara el patrimonio de Vidal y Pérez, lo que derivó en la operación Vipe, que ahora sale a la luz.

Presiones a los vigilantes

La Fiscalía sospechaba, ya en 2013, de la existencia de posibles pagos realizados con cargo a fondos públicos a personas que no realizan actividad alguna, a lo que añadía el uso privado de bienes pertenecientes a la cofradía, como vehículos o tarjetas utilizadas para el repostaje de combustible. Cuando el fiscal denunció estos hechos -por los que declararon los dos exdirigentes en 2014- no solo aludía a presuntos delitos de apropiación, falsedad y malversación de caudales públicos, sino que incluso los acusó de un posible delito de imposición ilegal de trabajo, dada la presión a la que sometían a los vigilantes de la cofradía.

Lo que pocos socios entienden es por qué si había tantas sospechas desde hace dos años se esperó hasta ahora para efectuar las detenciones y registros, ya que, en caso de que los imputados fueran realmente culpables, habrían tenido tiempo más que suficiente para hacer desaparecer cualquier prueba.