La totalidad de concellos se lanza a cobrar el IBI especial a infraestructuras y energéticas

Aunque las cifras completas del déficit público en el reciente 2014 no se publicarán hasta el próximo día 31, el viernes anterior, el 27, el Gobierno remitirá a Bruselas el nuevo Plan de Estabilidad Presupuestaria con un avance del dato general para el conjunto del Estado. "Espero traer buenas noticias", aseguraba ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tras la reunión semanal del Gobierno, al hilo de los pronósticos sobre un posible incumplimiento. Por el momento, solo las entidades locales llegaron al tercer trimestre con un superávit del 0,37% del Producto Interior Bruto (PIB) y todo apunta a que repetirán al cierre del año, como ya ocurrió en 2013. En ellas se concentra buena parte del ajuste que España acumula desde el estallido de la crisis para afrontar la caída en picado de los ingresos de las administraciones. Con una medida que en su caso destacó muy por encima del resto, la decisión de elevar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), aún en prórroga. Los concellos de Galicia fueron tradicionalmente reticentes a exprimir la presión fiscal. Pero acabaron por hacerlo. Solo entre 2011 y 2012, cuando entraron en vigor los nuevos coeficientes del IBI, cada residente de la comunidad abonó de media 17,5 euros más al año en impuestos locales, según Hacienda. Subieron los tipos del IBI y se aprovecha al máximo el recibo que se le pasa a infraestructuras y centrales energéticas. Una alternativa hasta ahora muy poco recurrida.

De hecho, un total de 113 concellos ni siquiera tenían en 2013 fijados tipos para los diferentes grupos en los que se reparten los llamados Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICE) -producción de electricidad, gas, refino de petróleo, centrales nucleares, parques eólicos y huertos solares; presas, saltos de agua y embalses; autopistas, carreteras y túneles de peaje; y aeropuertos y puertos comerciales- como paso previo a aplicarles su correspondiente IBI. Otros muchos, como reflejan los informes de la Dirección General del Catastro, solo establecían en sus ordenanzas coeficientes para alguno de los apartados, en función de la relevancia en su territorio de cada infraestructura. Sin embargo, según la actualización del organismo, el 100% de los municipios de la región se puso las pilas en 2014 e incorporaron tipos -que van del 0,6 al 1,3- incluso en clasificaciones de los BICE que en estos momentos no pueden emplear porque, sencillamente, carecen de alguna propiedad sobre la que repercutirlo.

¿Cuántas hay? Con una necesaria dosis de prudencia porque no están todos los que son, el inventario de los BICE en Galicia suma 1.578 infraestructuras y unidades singularizadas, que son aquellas partes en las que se dividen los bienes de mayor tamaño y que suelen repartirse entre diferentes municipios. El 65% está relacionado con puertos comerciales. Un puntal para Galicia dada su configuración geográfica. Por encima de las 1.000 unidades en las que recaudar. Justo después se sitúan las vinculadas a parques eólicos, 302. En presas, saltos de agua y embalses existen 151; 53 por carreteras de pago; 33 de los aeropuertos; dos por la refinería de Repsol a caballo entre A Coruña y Arteixo; una de instalaciones de gas, la regasificadora de Mugardos; y cuatro de producción eléctrica, con los complejos térmicos y ciclos combinados de Gas Natural Fenosa y Endesa en Meirama y As Pontes.

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Precisamente por la enorme importancia que las instalaciones energéticas tienen en esta última localidad, As Pontes copa por sí sola casi una cuarta parte de la recaudación del IBI especial en Galicia. Son 4,2 millones de euros. El montante completo de la comunidad alcanzó los 18,2 millones de euros en 2013, el último dato del que hay datos oficiales, a la espera del resultado de 2014 tras la implantación generalizada de esta vertiente del impuesto. Los ingresos en A Coruña fueron 2,8 millones de euros; por encima de los 2,2 en Vigo; 962.000 euros en Ferrol; 831.000 en Lalín; o 547.000 en Silleda.

La cuota líquida es el resultado de aplicar sobre la base imponible -el valor catastral del bien- los tipos que cada concello mantenga y con la resta de bonificaciones y exenciones, que en no pocas ocasiones acaban librándose en los tribunales. Intensa fue la polémica entre los promotores eólicos y los ayuntamientos -con el regidor de Lalín, José Crespo, abanderando la lucha local- hasta que a finales de 2007 el Tribunal Supremo sentenció que debían abonar IBI. Hay un ejemplo muy claro de lo que pueden influir las rebajas. La base imponible para los BICE en el municipio de Vilaboa está cerca de los 600 millones de euros. Su recaudación en 2013 fue de solo de 44.000 euros. En ese valor catastral es fundamental el peso de la Autopista del Atlántico (AP-9), que, también por resolución judicial, tiene derecho a una rebaja del 95%.