Los retornados rodean la Xunta para pedir a Feijóo que les defienda ante Hacienda

"No pararemos hasta que ganemos", gritaban ayer los centenares de emigrantes retornados de toda Galicia que recorrieron las calles compostelanas y rodearon el edificio de la Xunta en San Caetano para pedir "justicia e igualdad" y denunciar la "impasibilidad" del Gobierno gallego y del Ministerio de Hacienda. El portavoz de la Coordinadora Nacional Galega de Emigrantes Retornados, Manuel Domínguez, explicó que la plataforma organizó esta protesta para pedirle al Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo que "defienda" sus intereses ante el ministro Cristóbal Montoro, que -denuncian- no responde a sus peticiones. "Vamos a recordarle al presidente de la Xunta que con quien debe estar es con los gallegos que fuimos a ganar dinero a otros países para invertirlo aquí y no con los que hacen que al volver nos lo roben", indicó en alusión a Montoro.

Domínguez considera que es la Xunta la que debería ir a "presionar" a la capital española y hacer el trabajo que hacen desde la coordinadora, porque ellos no pueden desplazar "a mucha gente mayor a Madrid y hacerles pasar penurias para nada". El portavoz nacional del BNG, Xavier Vence, acompañó a los manifestantes porque -afirmó- es "de justicia" apoyarles ante "una persecución indigna e interesada" de la Agencia Tributaria que en su afán por "buscar recursos" castiga a "toda una generación de emigrantes que en su día tuvieron que marchar a trabajar fuera".

El colectivo denuncia que Hacienda se limite a quitar y devolver el importe de las sanciones y recargos a los que hicieron frente por desconocer que tenían que tributar sus pensiones procedentes del exterior entre los ejercicios 2008 y 2013. "Son unas multas que Montoro sabe que no puede ponernos porque él mismo dijo que no somos defraudadores y alguien que no es defraudador no puede ser multado", aclaró el portavoz de la Coordinadora Galega de Emigrantes Retornados.

Para el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, con la supresión de las multas los pensionistas retornados consiguieron "su reivindicación principal" gracias a la "intermediación" del Ejecutivo autonómico con Hacienda para que atendiera esta petición. Rueda recordó la defensa de la Xunta ante el Gobierno central para que no se tratara a los emigrantes como delincuentes al considerar que no debían pagar esas sanciones. "Y lo lograron", insistió el vicepresidente gallego, quien añadió que otra cosa distinta es que el colectivo tenga "más reivindicaciones" que calificó de "muy legítimas".

Entre sus demandas destaca la modificación de la ley del IRPF para que se les tribute la misma cantidad que al resto de pensionistas sin tener en cuenta si sus pagas proceden de uno o varios países. Creen que es "discriminatorio" que se les obligue a tributar a partir de los 11.000 euros de ingresos a los jubilados que cuenten con dos pensiones, una de ellas del extranjeros, mientras que para los que tienen una sola de España el límite es de 22.000 euros. También piden que el Gobierno reconozca las incapacidades que se le han determinado a los emigrantes en los países donde habían trabajado y por las que deberían recibir una pensión de invalidez en España, una situación que el PP gallego reconoció como un "trato fiscal desigual" hacia los afectados.