El 20% de los concellos se enfrenta a sanciones por su alta morosidad u omitir datos a Hacienda

El Ministerio de Hacienda se propone que tanto ayuntamientos como comunidades autónomas tengan al día las facturas con sus proveedores. Treinta días. Ese es el plazo que fija la ley. Para las administraciones autonómicas y locales que doblen este límite legal de manera reiterada o incluso eludan facilitarle datos sobre los pagos a autónomos y pequeñas pymes se enfrentarán a sanciones por parte del departamento que dirige Cristóbal Montoro. En el caso de Galicia, más de una veintena de concellos incumplieron de manera reiterada el plazo de pago que fija la ley de morosidad, según el balance de Hacienda detallado por municipios referido a los meses de septiembre y diciembre. Otros 45 ayuntamientos gallegos también están en el punto de mira del Gobierno central por no haberle remitido información sobre el estado de sus recibos durante ese periodo. En total, 66 concellos -uno de cada cinco municipios de la comunidad- se enfrentan a la aplicación de distintas medidas correctoras por su elevada morosidad durante varios meses consecutivos o por no haber remitido a Madrid la información requerida.

De no corregir su situación, el Gobierno central podría hacerse cargo del pago de esas facturas que se acumulan en los despachos de las Alcaldías y a cambio retendría esos fondos de la Participación de los Ingresos del Estado (PIE), según recoge la ley de morosidad. Además, la Ley de Estabilidad Presupuestaria prevé otras medidas coercitivas como multas o, en último extremo, la intervención de las administraciones incumplidoras.

Cada vez que un ayuntamiento supera los 30 días que fija la ley para los pagos a proveedores -el pasado mes de diciembre en Galicia incumplieron el límite legal un total de 49 concellos (12 de la provincia de A Coruña, 11 de Lugo, 11 de Pontevedra y 15 de Ourense)-, deben incluir en la actualización de su plan de tesorería medidas porque permitan generar la liquidez necesaria para reducir los plazos de pago.

Incumplimientos

Bajo la lupa de Hacienda por tardar de manera reiterada más de 60 días en saldar sus facturas están cinco ayuntamientos de la provincia de A Coruña (Carral, Muros, Negreira, Ponteceso y Rianxo), ocho de Lugo (Barreiros, Foz, Meira, Palas de Rei, Riotorto, Sarria, Trabada y Viveiro), cinco de Ourense (A Bola, A Gudiña, Xunqueira de Espadañedo, Larouro y Piñor) y tres de Pontevedra (Meis, Moaña y Vilanova de Arousa). De estos 21 concellos morosos, un total de nueve tardan más de tres meses en saldar las deudas con sus proveedores.

De los ayuntamientos gallegos que en los meses de septiembre y diciembre no enviaron información sobre los pagos a sus proveedores hay un total de 12 de la provincia de A Coruña -Sada, Oza-Cesuras, Carballo y Fisterra entre ellos-, ocho de Lugo, otros 19 de Ourense y seis de Pontevedra.

Pese a que la situación actual en cuanto a los plazos de pago a proveedores dista mucho de lo que ocurría hace poco más de dos años -entonces la cuarta parte de los autónomos en Galicia arrastraba recibos sin pagar por parte de las administraciones desde hacía más de un año-, la morosidad en la actualidad deja de ser algo puntual y allí donde se da en un mes suele repetirse e incluso agravarse al siguiente. Fue a partir de 2012, con los sucesivos planes de pago a proveedores y el fondo de liquidez autonómica -al que no se acogió la Xunta, que en la actualidad paga sus facturas en 21,5 días, lo que la convierte en la comunidad de las del régimen común que paga con más agilidad- cuando tasa de morosidad en las administraciones locales y autonómicas empezó a mitigarse.

De los 21 ayuntamientos gallegos en la lista negra de Hacienda por retrasarse más de 60 días en el pago de sus facturas, hasta un total de 15 empeoraron su balance en diciembre respecto al mes de septiembre. En A Coruña, por ejemplo, el Concello de Negreira pasó de un plazo medio de 80,26 días en septiembre a casi 127 al cierre del año. Junto a Negreira, Ponteceso y Rianxo también incrementaron el plazo medio de pago durante ese periodo. En Lugo, seis concellos con elevada morosidad también hacen esperar más a sus proveedores, entre los 64,4 días de Barreiros hasta los casi 99 de Foz o Sarria. De los tres ayuntamientos ourensanos que sumaron más atrasos en diciembre, A Gudiña y Xunqueira de Espadañedo ya superan los cuatro meses. Y en Pontevedra, los tres municipios con la peor tasa de morosidad protagonizaron de nuevo en diciembre retrasos todavía mayores.

Comunidades

En el caso de las comunidades, once superaron el pasado mes de enero, según el balance difundido ayer por Hacienda pero que no recoge los datos de todos los ayuntamientos sino tan solo los de las principales ciudades españolas, superaron los 30 días que fija la Ley de Morosidad: Andalucía, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid, Murcia, La Rioja, Aragón, Extremadura y Comunidad Valenciana. Estas tres últimas tardan más de 80 días en saldar las deudas. Todas las autonomías incumplidoras sobrepasan el límite desde que Hacienda estableció el mecanismo de control en septiembre del año pasado; salvo Castilla y León que sobrepasa el tope legal desde noviembre y La Rioja, que incumplió por primera vez el pasado mes de enero.

El departamento que dirige Montoro ya ha requerido a todas las administraciones incumplidoras que le remitan información detallada de las medidas cuantificadas y de su impacto, con el objetivo de reducir su elevada morosidad, en cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. En particular, en las tres comunidades que superaron de nuevo el plazo de 60 días, Hacienda formulará una comunicación de alerta.

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