El juez ordena seguir con la causa contra Louzán por los sobrecostes de bajos en Vigo

El juez de Instrucción número 2 de Cambados acordó continuar con el procedimiento abierto contra el presidente de la Diputación y líder del PP de Pontevedra, Rafael Louzán, su esposa y el diputado provincial Severino Reguera, tras dar audiencia a las partes. Según la Fiscalía pueden haber incurrido en cohecho en el alquiler de unos bajos comerciales en Vigo.

El fiscal les trasladó su imputación y las defensas hicieron sus alegaciones, tras lo cual el magistrado ha dictado un auto en el que acuerda la continuación del procedimiento por la ley del jurado y la práctica de diversos medios de prueba, entre los que se encontraba tomarles declaración como imputados. Todos se acogieron temporalmente a su derecho a no declarar, confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

El caso se remonta a una denuncia anónima recibida por la Fiscalía pontevedresa en 2013 que llevó al Ministerio público a comprobar el precio por encima del mercado que Louzán y su esposa cobraban a Severino Reguera por el alquiler de unos locales en el barrio vigués de Navia, un desfase que según la investigación podría esconder un soborno.

El fiscal ha pedido documentación sobre las retribuciones de Reguera en la Diputación y otras cuestiones relacionadas con los contratos, mientras que la defensa de Louzán ha solicitado que declaren profesionales de varias inmobiliarias como peritos sobre los precios de alquileres en el barrio de Navia.

Louzán alegó a la salida de los juzgados de Cambados que no ha dado ningún tipo de "dádiva" a Reguera a pesar de que tiene la potestad de nombrarlo diputado con dedicación exclusiva, miembro de la junta de gobierno o vicepresidente con dedicación exclusiva, en cuyo caso su retribución sería muy superior. Asimismo, dijo que en la misma calle de Navia hay precios de alquiler "más altos y más bajos" y que hace ocho años, cuando se remontan los hechos investigados, la coyuntura económica era diferente a la actual. El presidente de la Diputación y del PP de Pontevedra mantiene la esperanza de que "se pueda archivar" la causa porque "en todo momento se hizo todo con arreglo a un acuerdo puramente mercantil", aseguró. "En mi caso no hay ninguna duda de lo hecho hasta aquí, de cómo se hicieron las cosas y del buen proceder. Es algo que está dentro del ámbito propiamente privado y nada tiene que ver con mi labor como presidente de la Diputación", añadió.