Los concellos podrán autorizar actuaciones sobre el patrimonio en algunos casos

El Consello de la Xunta sometió ayer a deliberación el anteproyecto de ley que regulará el patrimonio cultural de Galicia que, como principal novedad, incorporará la posibilidad de que los ayuntamientos puedan autorizar y supervisar actuaciones sobre bienes protegidos "en determinados supuestos".

Cuando las obras afecten a los Bienes de Interés Cultural (BIC), a los inmuebles de la Iglesia o al patrimonio artístico y arqueológico, será la Xunta la que continúe con la tutela exclusiva para autorizar cualquier intervención debido a que se trata de los de "mayor valor o importancia", mientras que los concellos asumirán esta competencia, por ejemplo, en las áreas de protección. Para ello, los ayuntamientos deberán solicitar la habilitación, que será siempre voluntaria. "Se les da a los concellos más autonomía, pero también más responsabilidad", explicó el conselleiro de Educación e Cultura, Román Rodríguez.

El titular del departamento autonómico aclaró que se concretará una clasificación BIC y bienes catalogados, de forma que los primeros contarán con un mayor grado de protección. El Gobierno autonómico planteará tres niveles según la protección -integral, estructural y ambiental- y dos instrumentos. Se trata del censo de bienes patrimoniales en el que estarán recogidos todos, y los catálogos a escala municipal.

La norma recoge además que el Camino Francés será clasificado como BIC, y el resto de rutas como bienes catalogadas, si bien se abre la posibilidad de que los municipios por los que discurren puedan solicitar que sean reconocidas también como BIC. También se otorga reconocimiento al denominado Camino de Invierno. La Xunta se pone "deberes" como la realización de un plan de ordenación de los Caminos, cuyo plazo está "en evaluación" y la elaboración de los catálogos de bienes patrimoniales.

Ley patrimonio cultural

Otra novedad es que la ley regulará e incluirá también como patrimonio ámbitos que ahora están fuera, como el científico, el inmaterial, el industrial y el subacuático. "Estamos hablando de una ley más simplificada, actualizada e igual de garantista", destacó Feijóo, quien también insistió en que se buscará la implicación y la colaboración de todas las administraciones, con especial intensidad en el caso de las entidades locales. De hecho, el texto se trasladará a los ayuntamientos y a la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).

El presidente de la Xunta, insistió, por otra parte, en que se mantienen las sanciones, que están "en la media", y destacó que el control de las infracciones "funciona", por lo que el objetivo de la norma no se centra en su refuerzo, sino que va más por el camino de la "reordenación" de los bienes y de su gestión administrativa.