La Fiscalía Superior de Galicia aprecia "elementos suficientes" para procesar a la diputada autonómica del PP Marisol Piñeiro por prevaricación en relación a un supuesto enchufe durante su etapa como teniente de alcalde del municipio de Carnota. En su escrito para pedir que se dicte auto de procesamiento contra Piñeiro -y también contra el entonces alcalde José Oreiro y el secretario municipal por su participación en la contratación- demanda también que se le imponga una fianza de 10.000 euros "para atender las responsabilidades civiles derivadas del procedimiento".
La diputada popular insistió ayer en su "inocencia" al tiempo que apuntó que su situación como parlametaria en la Cámara autonómica "no ha cambiado" pese a la petición de la Fiscalía. Preguntada por el escrito del Ministerio fiscal tras el miitn del PP en A Coruña, Piñeiro dijo estar "muy tranquila". "El procedimiento sigue su curso", señaló, para concluir que igual que la Fiscalía pide el procesamiento, su defensa ha demandado el "sobreseimiento" con la convicción de que "no hay nada ilegal".
"El procesamiento, de modo resumido, habría de concretarse en los hechos relativos a la contratación sin ningún tipo de formalidad ni ajuste a la legalidad", sostiene el Ministerio público en su escrito para pedir que se dicte auto de procesamiento contra la diputada popular. La Fiscalía apunta que la persona supuestamente enchufada fue contratada en 2007 como administrativa y, tras dos prórrogas, fue contratada de modo indefinido en 2010 como técnico jurídico urbanístico "sin cumplir ningún trámite procedimental legal".
Junto con Marisol Piñeiro, el fiscal reclama que también se procese a quien era entonces alcalde de Carnota por haber firmado las sucesivas prórrogas del contrato y por haber dado "instrucciones precisas" para llevar a cabo la contratación de esa mujer. Asimismo, la petición de procesamiento la extiende Fiscalía al secretario municipal, quien "asesoró" a los dos representantes políticos sobre el citado contrato e intervino "de modo directo y necesario en la constitución de la relación jurídica ilegal".
Por todo ello, tras subrayar que los hechos relatados son "constitutivos de un delito de prevaricación", concluye que Piñeiro y Oreiro son "autores" del delito y el secretario municipal, "cooperador necesario". En este escenario, el fiscal añade en su escrito la conveniencia de que se impongan medidas cautelares "para atender las responsabilidades civiles derivadas del procedimiento". Así, para el exalcalde y la exteniente de alcalde, propone fianzas de 10.000 euros, mientras que la del funcionario local se limita a 6.000 euros.
