Vilameá es una parroquia del ayuntamiento ourensano de Ramirás y también de los concellos lucenses de Guntín y A Pontenova. Pero a más de uno que acudió en los últimos meses a renovar el DNI le pusieron como lugar de procedencia Villameá, la denominación en español y no en gallego, que es la forma oficial en la que deben utilizarse los topónimos.

La Mesa pola Normalización Lingüística recibe un par de casos de este tipo a la semana de vecinos a los que en su carné de identidad le han cambiado el nombre de los ayuntamientos en los que han nacido o en los que residen. Quenje en lugar de Quenlle y San Esteban y no Santo Estevo, en Ourense; o el lugar de Villaframi en sustitución de Vilaframil, en la localidad lucense de Ribadeo, son algunos ejemplos. Pero no son las únicas protestas que les llegan. A estas se les unen las de empresas de mensajería que no son capaces de localizar la dirección a la que se envía el paquete porque "preguntan por un sitio que no existe".

Formularios de reclamación

En la entidad que promueve la defensa del gallego han recibido quejas de ciudadanos a los que en sus carnés de identidad renovados en los últimos meses se les mantiene la "hibridación" del topónimo que aparece en el documento como domicilio. El presidente de la Mesa, Marcos Maceira, explica que una vez que los afectados se dan cuenta del error y acuden de nuevo a las oficinas de la policía no siempre obtienen solución. Algunos funcionarios -destaca- contestan a los usuarios que la forma que aparece en el DNI es la de las bases de datos del Ministerio del Interior, que según Maceiras lleva "siglos sin actualizarse y adaptarse a la ley lingüística a pesar de la implantación de las nuevas tecnologías".

Para evitar estas situaciones, en la Mesa por la Normalización Lingüística facilitan a los interesados un formulario para presentar una reclamación que puedan llevar ante la policía porque en ese escrito se indica que la normativa obliga a modificar el nombre deturpado y también cuál es el correcto.

Desde la organización aclaran que ya se han puesto en contacto tanto con el departamento estatal como con la Secretaría Xeral de Política Lingüística para recordarles que su obligación legal es "proteger" el patrimonio toponímico y que por eso deben tomar medidas para cambiar en todos los documentos los nombres "legítimos y legales" de las parroquias y lugares de Galicia. Y esas formas oficiales son las que desde 2003 aparecen en el Nomenclátor de Galicia. "Las bases de la policía tendrían que cruzarse con las del Nomenclátor y no con las del Ministerio", insiste.

Maceira recuerda que desde hace 32 años existe una norma autonómica, la Lei de Normalización Lingüística, que impuso como criterio principal que los topónimos tendrán como única forma oficial la gallega.