Los hosteleros gallegos esperan con optimismo la temporada alta debido a la reactivación del consumo gracias a los turistas que eligen Galicia como destino. Pero se enfrentan un verano más a la competencia desleal por parte de negocios de restauración que contratan a empleados temporales sin darles de alta en la Seguridad Social. El Ministerio de Hacienda lanzó en 2013 una ofensiva sobre las bodas y exigió a los novios facturas del banquete, el transporte, las flores, las fotos, los trajes, las alianzas y hasta la orquesta para descubrir posibles pagos en negro. El año pasado la lupa del Gobierno, en este caso del Ministerio de Trabajo, se centró en el sector de la hostelería en Galicia, y en especial, en estos restaurantes y hoteles especializados en banquetes de bodas, comuniones y bautizos, donde los inspectores detectaron más de medio centenar de casos solo en el sur de la comunidad. Estos controles por parte de Trabajo se intensificarán este año.
El vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Hostelería de Galicia (Cehosga), César Ballesteros, advierte de que las empresas que realizan este tipo de fraude se ahorran un 30% en costes laborales, un gasto que supone la mitad de los generales de un establecimiento. Pone como ejemplo que en una boda de 50 personas en la que cada servicio cuesta 100 euros, una empresa que contrata al personal de forma irregular podría ofrecer el mismo convite a los novios por 70 euros el plato. "De 5.000 euros de ingresos, 1.500 serían para pagar la Seguridad Social de los trabajadores que en este caso el empresario se ahorra", avisa.
Estas actuaciones, según advierte Ballesteros, perjudican mucho a las empresas que pagan sus impuestos y que no pueden competir con esas tarifas. En este sentido, apunta que las inspecciones son "clave" para poner coto al fraude que ha repuntado desde el inicio de la crisis. El año pasado se realizó en la comunidad "una batida importante" gracias a una campaña conjunta entre el Ministerio de Trabajo y el de Hacienda. El sector demanda que los controles se extiendan al resto de restaurantes y no solo a los vinculados a las grandes celebraciones porque el fraude afecta "desde los más grandes a los más pequeños" y destaca el caso de algunos furanchos no reglados.
Galicia fue el verano pasado una de las comunidades donde los inspectores se personaron en fechas de celebraciones matrimoniales para comprobar que todo el personal contratado para esos servicios estaba dado de alta en la Seguridad Social. Lo que la Inspección de Trabajo llama "control de servicios extraordinarios en hostelería" figura desde hace años en los planes de la autoridad laboral contra la economía sumergida. La contratación de los conocidos como camareros extras, que trabajan durante unas horas en el establecimiento para reforzar las plantillas en casos de banquetes de bodas y otros acontecimientos sociales, ha sido considerada desde siempre una bolsa potencial de fraude a la Seguridad Social. Durante la época estival, cuando coinciden muchos de estos festejos, los inspectores realizan controles sistemáticos. Según datos de Trabajo, el número de actuaciones supera en toda España las 5.000 en cada campaña.
Los técnicos se presentan en el establecimiento a mediodía, unas horas antes de que se inicien los banquetes, e identifican a todo el personal que ese día está contratado para el servicio. Por las peculiaridades del trabajo, de carácter extraordinario y solo para unas horas, los contratos son a menudo verbales. El departamento que dirige la ministra Fátima Báñez verifica después si los camareros y otro personal de refuerzo han sido dados de alta. En caso de que no sea así, se levanta acta de infracción y el empresario puede enfrentarse a sanciones superiores a los 3.000 euros.
La contratación de camareros extras se realiza en ocasiones a través de las empresas de trabajo temporal (ETT), pero es frecuente también que, al menos formalmente, las haga de manera directa el hostelero.
Las actuaciones de la Inspección de Trabajo contra el fraude se saldaron en 2013, último año del que se han divulgado datos completos, con sanciones por valor de 9,2 millones de euros en Galicia a propósito de infracciones relativas a las cotizaciones a la Seguridad Social descubiertas en el conjunto de los sectores económicos con un total de 2.872 infracciones en acta.
