Dos bazas de los exmarinos gallegos contra Noruega

Los exmarinos gallegos que trabajaron durante años en buques de Noruega y a los que este país deniega desde hace años sus pensiones, basan ahora sus esperanzas de que se atiendan sus reivindicaciones (bien el cobro de la pensión bien la devolución de los 520 millones que pagaron en impuestos) en dos bazas: la primera apunta a Luxemburgo y la segunda, a Estrasburgo.

La asociación Long Hope, que representa a los afectados, presentó una demanda colectiva contra el país nórdico tras no recibir apoyo por parte del Gobierno central ni de la Xunta. "Es deleznable que no defiendan a sus nacionales", declaró el portavoz de Long Hope, Alberto Paz, durante una conferencia organizada ayer por los afectados en la Facultade de Dereito de A Coruña. Esta es la segunda vía.

La primera, a la que se agarra la asociación es un caso precedente similar al suyo: el de marinos austríacos que trabajaron en barcos holandeses antes de que Austria se uniese a la UE, que denunciaron recientemente a Holanda ante el Tribunal de Justicia Europeo, con sede en Luxemburgo. Si el juez falla en favor de los trabajadores de Austria, la sentencia podría extenderse al caso de los exmarinos gallegos. "Cualquier magistrado estaría obligado a interpretarlo como lo hizo el tribunal", explicó el catedrático de Derecho Internacional Público, José Manuel Sobrino.

Pero los afectados pretenden llegar hasta Estrasburgo si la Justicia noruega no les da la razón. Los exmarinos tratarían de que el tribunal internacional reconociese la "discriminación" que padecieron por parte de Noruega durante cuarenta años. Y es que el país nórdico obligaba a ser residente para tener derecho a la Seguridad Social solo a los extranjeros. "Es un caso discriminatorio. Hay compañeros noruegos que no residían en el país y sí están amparados", apuntó el profesor de derecho, Xosé Manuel Carril.

Mientras, la letrada-jefa de división del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Carmen Morte-Gómez, afirmó que Estrasburgo buscó la forma de dar cabida a este tipo de vulneración de los derechos sociales, aunque apuntó que el procesonal podría alargarse en el tiempo, tras agotar la vía noruega, dos o tres años.