El decreto de la Xunta sobre la regulación de pisos turísticos establece los requisitos mínimos que deben reunir los alojamientos y también el régimen de infracciones y sanciones, que establece multas de entre 901 y 9.000 euros para quienes alquilen los pisos sin haber presentado ante la Administración autonómica la correspondiente declaración responsable, que a efectos prácticos funciona como la autorización administrativa para ejercer esta actividad.

Los propietarios tendrán que informar a la policía de las personas que ocupan el alojamiento, al igual que sucede en los hoteles. "En los últimos años comenzó a proliferar la tendencia de alquilar por días o semanas la vivienda habitual para fines turísticos. El crecimiento de la oferta de este nuevo alojamiento se vio favorecido por la falta de una reglamentación adecuada, lo que permitió el desarrollo de esta actividad sin el control administrativo y sin las exigencias fiscales propias de una actividad económica", se aclara en el decreto promovido por la Axencia Turismo.

Y es que este sector se ha movido en una especie de limbo legal, por lo que la patronal había demandado desde hace tiempo el establecimiento de controles sobre los alquileres vacacionales por suponer una competencia desleal y sus propietarios, la mayoría de las veces, no declarar ingresos ni pagar impuestos. El Clúster de Turismo de Galicia calcula que en la comunidad existen entre 5.000 y 7.000 plazas que se comercializan bajo esta modalidad de alquiler turístico por particulares.

Estas viviendas, que fundamentalmente se ofertan mediante anuncios particulares y por canales de internet, quedaron en 2013 fuera de la legislación estatal y se encomendó a las comunidades, con competencias en turismo, su regulación específica.