El sindicato de prisiones Acaip ha solicitado el cese inmediato del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, imputado por un presunto delito de prevaricación omisiva, delito contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente, junto a Mercedes Gallizo, anterior responsable. La condena por estos delitos podría acarrearles hasta nueve años de prisión.

Un Juzgado de Granada les acusa por 18 años de vertidos fecales y sanitarios ilegales, con "profusión de partículas orgánicas en suspensión", desde la prisión de Albolote al contiguo arroyo del Juncal. En el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 16 de Granada, se investiga la presunta negativa de Gallizo y Yuste a tomar medidas contra el deterioro sistemático provocado por los vertidos de "agua residual, de color gris verdoso, maloliente y espumosa", como informó varias veces el Seprona.