Llamativo sí sería lo contrario, pero en círculos marítimos y sindicales no se concede importancia alguna al hecho de que la Fiscalía de Madrid haya denunciado una supuesta prevaricación cometida (también supuestamente) por el director de Sasemar, el gallego Juan Luis Pedrosa Fernández.

El trámite -al que se otorga, según fuentes sindicales con representación en Sasemar, un "breve recorrido"- es consecuencia de una denuncia en su día presentada por la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia (Pladesemapesga) ante la Fiscalía de A Coruña y que se trasladó a Madrid por ser esta ciudad donde está sede oficial de Sasemar.

En la denuncia, Pladesemapesga se refiere a un presumible "fraude millonario" en el abanderamiento en Canarias de 74 embarcaciones de Sasemar, dato que, según las fuentes sindicales de la CGT-Mar consultadas, es incierto, puesto que de las 73 embarcaciones que conforman la flota, solo están acogidos al segundo registro de Canarias 14 remolcadores y cuatro barcos Guardamar, aquellos buques que poseen 100 o más toneladas de registro. Las restantes 55 embarcaciones, del tipo Salvamar, están matriculadas en la Península, mayoritariamente en Asturias, donde fueron construidas. A mayor abundamiento, Pedrosa Fernández, al igual que el actual equipo directivo de Sasemar, asumieron sus cargos en el año 2012 y, desde entonces, no se ha construido ningún nuevo buque.

Que se pida, como solicitó la entidad demandante, la investigación de la situación patrimonial del actual director de Sasemar y la de su entorno familiar, es una cuestión muy personal; pero no sería malo que se tuviese en cuenta que el polémico registro especial de Canarias (que, por cierto, beneficia a las tripulaciones al tributar tan solo un 50% de las tasas establecidas para el resto de España) deja exento de IVA a los buques de ese segundo registro, con lo que los 18 buques de Sasemar acogidos a esa especie de "pabellón de conveniencia" o Registro Especial de Canarias no cometen irregularidad alguna, siempre según el citado sindicato. Sería como si Hacienda fuese contra sus propios intereses en este caso y la impresión es que el señor Montoro, no estaría por la labor.

¿Prevaricación? Si la acusación se basa solo en que hay 18 buques de Salvamanto registrados en Canarias que, a juicio del ente que denuncia, intentan evadir el pago del IVA, parece que, como señala CGT-Mar, el camino de la denuncia conduce directamente a su archivo.