Año y medio después de la entrada en vigor de la reforma local, una ley que puso en pie de guerra a los alcaldes de todos los colores políticos y que obligó a Hacienda a presentar hasta diez borradores, el nuevo reparto competencial de las administraciones locales sigue siendo un quebradero de cabeza para los ayuntamientos. La última modificación promovida por el Gobierno central ha sido la obligación de que el puesto de tesorero sea ocupado por un habilitado nacional, una exigencia que deja fuera de juego a los concejales que hasta ahora solían desarrollar este tipo de tareas en los pequeños y medianos ayuntamientos, en muchos casos sin cobrar por ello. Enero del próximo año es la fecha límite. A partir de entonces, todos los municipios de menos de 20.000 habitantes deberán tener una plaza de tesorero, cuyas funciones son las de custodiar los fondos, valores y efectos y realizar cobros y pagos. En el caso de Galicia son un total de 293 los concellos con menos de 20.000 habitantes, el 93% del total, que se verán afectados por la que ya empieza a conocerse como ley Montoro. En la actualidad, la mayoría de municipios gallegos de entre 5.000 y 20.000 habitantes cuentan con funcionarios de habilitación nacional en Tesorería, pero en los de población inferior a 5.000 vecinos los pagos son asumidos por un concejal y la recaudación se delega en las diputaciones provinciales.
Esta delegación de funciones en concejales o funcionarios que no son del Cuerpo tiene los días contados, ya que a partir del próximo año el Estado asumirá la competencia sobre la selección de los tesoreros en municipios de menos de 20.000 habitantes, su formación y habilitación, así como la potestad sancionadora en los casos más graves.
Hasta entonces, el Gobierno ofrece varias alternativas a los ayuntamientos, según recoge la Ley sobre Reutilización de la Información del Sector Público, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado día 10 de julio. Debido a la ausencia de suficientes funcionarios locales con habilitación nacional para cumplir con las tareas de Tesorería en los ayuntamientos, el Ejecutivo permitirá hasta el 31 de diciembre de 2016, salvo que se prorrogue en los presupuestos del Estado, que las funciones de tesorero las ejerzan funcionarios de las diputaciones o funcionarios de carrera que presten servicios en la corporación local -es decir técnicos del grupo A1 y A2-.
Pero a partir de enero del próximo año, pequeños y medianos ayuntamientos tendrán que tener el puesto de tesorero ocupado por un funcionario con habilitación de carácter nacional con el objetivo de reforzar su autonomía respecto a los gobiernos municipales. En Galicia, la situación se presenta especialmente complicada para los municipios de menos de 5.000 habitantes -un total de 200, casi el 64% del total- ya que el coste de la nueva plaza ahoga la delicada situación económica de las administraciones locales, con un presupuesto cada vez más justo para mantener los servicios que prestan.
Según estimaciones de alcaldes gallegos consultados por este periódico, a cada ayuntamiento le costaría un desembolso extra la creación de esta plaza de entre 8.000 y 10.000 euros anuales. Lo que para las arcas de los pequeños y medianos ayuntamientos en Galicia se traduciría en un gasto de entre 1,6 y 2,4 millones.
Para el vicepresidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alfredo García (PSdeG), la nueva figura de tesorero es una "vuelta de tuerca de Montoro a la reforma local". "Es una agresión a la autonomía municipal y que acarrea un mayor gasto a los ayuntamientos", cuestiona el también alcalde de O Barco, un municipio de casi 14.000 habitantes que se ha visto obligado a suspender el concurso convocado para cubrir la plaza de tesorero con un interino.
Concurso suspendido
"Nos encontramos ahora con un gran problema, se habían presentado nueve personas y tenemos que suspender el concurso", detalla Alfredo García. Para el próximo mes de septiembre, el equipo de gobierno de O Barco llevará a pleno la modificación de los presupuestos para asignar una partida al nuevo cargo en Tesorería, un funcionario con habilitación de carácter nacional. "Va a crear un problema en muchos ayuntamientos. Es inexplicable, no se entiende a qué obedece este cambio hecho con nocturnidad y alevosía", sentencia el vicepresidente de la Fegamp.
El reglamento sobre la obligatoriedad de contratar a un habilitado nacional tendrá que redactarse en los próximos meses. A principios de junio, el PP impulsó un cambio legal para permitir que, al menos hasta finales de 2016, funcionarios de las diputaciones puedan asumir las funciones de tesorería en los municipios de menos de 20.000 habitantes. Esta enmienda busca una "mayor transparencia" en las administraciones públicas, y en este sentido, considera que un funcionario con habilitación nacional será más independiente del gobierno municipal de turno que un concejal.
