Más de 2.500 explotaciones gallegas cobran menos de 26 céntimos por litro, la cuarta parte de los 34 que el Gobierno fija como la cantidad necesaria para cubrir los costes. Aunque el pasado martes el Ministerio de Agricultura rechazó la petición de los productores de establecer un precio mínimo para la leche porque vulnera la normativa comunitaria, el departamento que dirige Isabel García Tejerina anunció ayer la concesión de ayudas directas de 300 euros por vaca que venden a pérdidas.

La ministra aclaró en una entrevista ayer en la COPE que las beneficiadas serían entre 2.500 y 3.000 explotaciones lácteas. Solo en la comunidad gallega las afectadas por los bajos precios ya alcanzan esas cifras, aunque las que necesitan medidas más urgentes son un millar de granjas que apenas perciben entre 18 y 22 céntimos y cuyos casos investiga desde abril la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) del ministerio para analizar si existen prácticas fraudulentas por parte de las industrias. Mientras, los productores perjudicados llevan cuatro meses cobrando esa cuantía, a los que se suman otros 250 que acumulan el mismo tiempo sin recibir nada debido a la situación económica que atraviesan las empresas con las que tienen contrato.

La ministra anunció además que se baraja la posibilidad de conceder una moratoria de un año para los créditos concedidos por el Gobierno a los ganaderos de las explotaciones con peor rentabilidad. La conselleira de Medio Rural, Rosa Quintana, también anunció esta semana una medida similar, ya que la Xunta estudia poner en marcha tres líneas de ayudas para conseguir moratorias de créditos y para pasivo circulante con el objetivo de defender a las granjas de la comunidad que necesitan soluciones más urgentes.

García Tejerina recordó que aunque el Gobierno central trabaje a favor del lácteo con iniciativas como estas ayudas, el sector también tiene que poner de su parte para que sean "mucho más efectivas". La ministra pidió el martes a los tres eslabones de la cadena alimentaria -distribución, industria y productores- que lleguen a un consenso y acuerden un precio que cubra los costes como hizo el sector en Francia. "Es falso que el Gobierno francés fijase un precio porque se lo prohíbe la legislación europea", insistió Tejerina, quien añadió que el Ejecutivo galo simplemente dio por bueno el acuerdo al que había llegado el sector. En España, los representantes de la distribución, la industria y los productores tienen de plazo hasta el 10 de septiembre para negociar e intentar un consenso, día en que se reunirán de nuevo con la ministra para comunicarle su decisión. Será tres días después de que se celebre el consejo extraordinario de ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE) para abordar la crisis del lácteo. Tejerina y sus homólogos de Francia, Italia y Portugal se reunirán el próximo viernes para conseguir el mejor resultado en el encuentro del consejo.

La responsable de Agricultura confía en que tras esa reunión empiece "una nueva etapa para el lácteo" y en que las partes del sector en España alcancen un punto en común. La misma esperanza mantiene el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que ayer en Portomarín (Lugo) destacó que el Gobierno hará "todo lo necesario" para reconducir la situación del lácteo, pero al mismo tiempo solicitó el "esfuerzo" de distribuidores, industria y productores en un asunto que califica de "enorme complejidad". "Estoy convencido de que al final, entre todos, buscaremos una solución satisfactoria", afirmó.

Pese a los anuncios del Ejecutivo central, el acuerdo entre las partes parece complicado porque los ganaderos seguirán con sus tractores en la calle y el lunes aprobarán un nuevo calendario de movilizaciones "indefinido". Tampoco descartan una huelga de entregas "inminente".