Una factura de 29.000 euros investigada en el año 2012 destapó la operación Patos, que a día de hoy cuenta con 51 imputados, entre ellos empresarios, y políticos (el alcalde de Vigo Abel Caballero y el presidente del PP de Pontevedra Rafael Louzán) y funcionarios de la Xunta, la Diputación de Pontevedra y diversos concellos, y que ha puesto bajo la lupa de la justicia contratos públicos por más de 17 millones de euros, solo en el caso de Eiriña, la principal empresa de la supuesta trama de amaños de contratos públicos.

El marido de una exsocia de Enrique Alonso Pais, el dueño de Eiriña, en Inversiones Patos, y contable también de Inversiones Patos, en el marco de una investigación judicial por supuestas facturas falsas, fue el detonante de la Patos, al decidir contar al fiscal de delitos Económicos de Vigo supuestos amaños de su ya examigo.

¿Por qué hablar en contra de Pais? Porque antes el propio Pais había descargado todas las responsabilidades de una supuesta factura falsa de 29.000 euros de Inversiones Patos en José Luis Fernández Gonta, el contable y marido de su socia.

Pais aseguró que la factura no se correspondía con servicios prestados a su firma y que él no dio su aprobación para incluir la factura en la contabilidad, y que la culpa era de Gonta. En respuesta Gonta decide no dejar títere con cabeza y lanza sus dardos contra Pais.

El resultado: contratos millonarios de las administraciones públicas bajo sospecha, políticos de PP y PSOE y funcionarios de Xunta, Diputación y concellos salpicados por la investigación judicial y un buen puñado de empresarios implicados en la trama, bien por pagar comisiones a Enrique Alonso Pais para lograr obras públicas o por ayudarle a conseguir contratos presentando presupuestos de complacencia que le permitían ganar los concursos.

Gonta negó la mayor y aseguró que la factura de 29.000 euros, en el origen de la polémica, "la cobró Enrique", al que también acusó de usar Inversiones Patos para "más cosas que para la gestión de locales", por ejemplo para cobrar las comisiones que pasaba a otras empresas por conseguirles contratos públicos. Cita el caso de Cespa e Imesapi.

Gonta se despacha a gusto y cuenta que el dueño de Eiriña le había confesado que "una de sus funciones era conseguir adjudicaciones públicas en concursos municipales con el consiguiente pago de dinero a políticos locales y provinciales". También asegura tener constancia de que "la existencia de cajas de seguridad", de donde Pais supuestamente "sacaba dinero para esos pagos".

Además implica a la exedil de Hacienda de Ponteareas, Belén Villar, a la que presenta como "persona de confianza absoluta" de Pais, y para quien había trabajado antes de dar el salto al Concello.

Ante estas declaraciones, la Fiscalía presenta una denuncia y se abren diligencias secretas a finales de 2012 por presuntos delitos contra la Administración Pública y la titular del Juzgado de instrucción número 7 de Vigo encarga la investigación a la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional (UDEF). Se pinchan teléfonos, se investigan las cuentas de Eiriña... y nace la operación Patos, una investigación que casi tres años después ya se ha ramificado en diez causas y extendido a otros cuatro juzgados (Ponteareas, Pontevedra, Ourense y Santiago, además de Vigo).

De una factura de 29.000 euros se saltó a 13.500 folios y 31 tomos de instrucción, una instrucción en la que sobre todo las conversaciones telefónicas y los correos electrónicos intervenidos presentan a Enrique Alonso Pais, un ex empleado de Barreras reconvertido en empresario y militante del PP, como un conseguidor que supuestamente "amañaba concursos" con la presunta "complicidad" de cargos públicos de PP y PSOE y funcionarios, llegando a elaborar los propios pliegos de los concursos y a cobrar una comisión de hasta el 10% a las empresas a las que les conseguía los contratos. Eso sí, "las obras pequeñas" para los demás, para él y sus empresas, "las grandes", se jactaba.

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