El Plan Xeral (PXOM) de Vigo ha sufrido un serio golpe siete años después de su entrada en vigor y tras resistir casi un centenar de recursos judiciales. El Tribunal Supremo acaba de emitir una sentencia en la que declara el planeamiento "radicalmente nulo" por una tramitación ambiental "indebidamente justificada" de la Xunta, estimando un recurso de casación del colectivo Alternativa Veciñal, lo que deja en la incertidumbre todo el urbanismo de Vigo. La alta instancia judicial tumba un fallo anterior del Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que sí había avalado el procedimiento.

La Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, resolvió el 28 de marzo de 2008 declarar la inviabilidad de la llamada "evaluación ambiental estratégica" alegando que demoraría la ejecución de "proyectos e infraestructuras con un importante coste económico y social", además de motivarlo en que ya se había expuesto al público el Plan y en que este incluye mecanismos de evaluación ambiental en la tramitación de cada urbanización, instrumentos que garantizan la protección del medio. Dos meses después la Xunta, entonces gobernada por el PSOE y el BNG, aprobó definitivamente el 99% del PXOM, quedando pendiente de corregir un 1%, al que se daría vía libre en julio de 2009, ya con mandato del PP.

El TSXG validó el proceder de la Xunta frente al recurso de Alternativa Veciñal. Sin embargo, el Supremo concluye en su reciente sentencia que se vulneró la ley ambiental y no existía la premura alegada para evitar retrasos. Se basa el magistrado de la sección quinta en que la Administración autonómica había recibido ya en julio de 2006 el Plan Xeral aprobado provisionalmente en el Concello. A pesar de ello "la Administración ambiental competente deja transcurrir dos años prácticamente hasta declarar inviable su sometimiento al trámite" de evaluación ambiental estratégica, señala la sentencia. Previamente a la resolución el gobierno local PSOE-BNG hizo otra aprobación provisional en diciembre de 2007 tras duplicar el porcentaje de vivienda protegida.

A ello agrega que la aprobación completa no se produciría hasta julio de 2009, con lo cual aún pasaría más de un año más desde la resolución hasta que el Plan Xeral recibió el plácet final. Esta circunstancia "demuestra que la pretextada premura no existía". Los otros motivos esgrimidos por la Xunta -la información pública y los mecanismos de protección de cada ámbito- tampoco justificarían la inviabilidad de someter el plan al procedimiento ambiental.