Entre 80 y 140 euros al mes. Esa es la ayuda que dejarán de percibir más de 4.000 familias gallegas para hacer frente a las hipotecas de sus viviendas de protección oficial. Se trata de unas subvenciones aprobadas por el Gobierno central por un periodo de cinco años con prórroga de otros cinco, y que llevaron a más de 300.000 compradores en España a hacerse con un piso protegido. Pero hace apenas dos semanas una sentencia del Tribunal Constitucional dio un giro de 180 grados: el Alto Tribunal avaló la orden del Ministerio de Fomento de anular la concesión de estos subsidios desde 2013. La decisión del departamento dirigido por Ana Pastor ya se había cocinado un año antes, cuando lastrado por el plan de ajustes del Ejecutivo central impuesto por Bruselas para cumplir el objetivo de déficit, decidió suprimir estas ayudas al crédito de viviendas de protección oficial.

Hace dos años, el Gobierno central aprobó la Ley 4/2013 para anular estos préstamos, una modificación contra la que los afectados presentaron un recurso de inconstitucionalidad. Finalmente el pasado día 27 de noviembre el Tribunal Constitucional rechazó sus alegaciones dejando a los compradores sin la prórroga de los subsidios, lo que les obligará a asumir un sobrecoste en sus hipotecas. La cuantía que ahora dejará de percibir cada familia en los próximos cinco años asciende a 6.000 euros.

Novo Mesoiro

De los más de 300.000 afectados en España por la supresión de estas ayudas, más de 4.000 familias son gallegas. Dos de las urbanizaciones de protección oficial más grandes en la comunidad están en A Coruña (Novo Mesoiro, con más de 400 compradores afectados) y Vigo (Navia, con unos 600).

Los afectados firmaron la hipoteca con unas condiciones claras y ahora ven cómo tienen que hacer números porque ya no cuentan con la ayuda que tenían cuando adquirieron sus viviendas de protección oficial. Para tener derecho a estos subsidios aprobados por Fomento debían tener unos ingresos mínimos y la cuantía mensual a pagar sería mucho más baja que en régimen general. Esa era una de las bazas con la que contaban los compradores: una ayuda cada mes de entre 80 y 140 euros durante diez años para hacer frente a la hipoteca. Cuando pasasen los primeros cinco años, la condiciones familiares se revisarían y aquellos que seguían cumpliendo los requisitos fijados, tendrían la ayuda por otros cinco años más. Pero finalmente en 2013, Fomento decidió anular la prórroga de estas remuneraciones para el siguiente lustro.

"Es injusto que el Tribunal Constitucional avale al Gobierno en un tema de gran sensibilidad social justificando la supresión de las ayudas en la crisis económica, dada la mínima incidencia que esta tendría sobre la economía general", apuntan afectados desde la Coordinadora Nacional de Plataformas en defensa del derecho a renovar las ayudas de la vivienda protegida. Los compradores aseguran sentirse "desamparados" ante "sentencias sin sensibilidad social".

El siguiente paso lo darán ante la Justicia Europea, donde llevarán un recurso. Además, los afectados recuerdan que el Parlamento europeo está investigando esta supresión de subsidios al crédito de la vivienda protegida. La sentencia del Tribunal Constitucional, según advierten los compradores afectados por la anulación de las ayudas hipotecarias, "sigue a pies juntillas la versión del Abogado del Estado", que "descansa en la discrecionalidad del acto de la prórroga".