José Ramón Gómez Besteiro mantendrá su puesto como secretario xeral del PSdeG hasta el congreso previsto para este año, aunque ayer no aclaró si optará a revalidar su cargo. Esta opción resulta una quimera si mantiene su situación judicial, imputado en dos casos por presunta corrupción, el último de los cuales lo forzó a anunciar ayer su renuncia a optar a la candidatura socialista a la Xunta en las autonómicas de este año, como adelantó LA OPINIÓN. Lo reveló insinuando una cacería contra él sin querer concretar quién la había orquestado y asegurando que el freno a su carrera no impedirá el "cambio" en Galicia ni en España.
El dirigente socialista convocó de urgencia a su ejecutiva cuando conoció su citación como investigado el próximo 11 de mayo en el marco de la operación Pulpo. Desde que el viernes trascendió esta decisión de la juez Pilar de Lara, que también lo imputó en el caso Garañón por su gestión hace una década como concejal en Lugo, la presión se redobló no solo sobre él, sino también sobre la dirección federal. Pedro Sánchez le había trasladado su apoyo un día antes, pero el nuevo mazazo judicial impidió definitivamente su candidatura.
"Es una decisión libre", insistió Besteiro en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado en la sala por los miembros de su ejecutiva, que aplaudieron su intervención. Reconoció haber dialogado con Sánchez, pero aseguró que su paso atrás se debía a su voluntad y no a la exigencia de éste.
Durante todo el día, el PP, a través del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, o de la número dos estatal, María Dolores de Cospedal, y Ciudadanos habían exigido su renuncia. Estos últimos suscribieron un pacto con el PSOE para impedir que cargos imputados se incorporasen a listas electorales, por lo que su cabeza resultaba condición sine qua non para mantener el acuerdo. "Hay políticos a los que les cuesta mucho marcharse", advertía Feijóo horas antes.
El futuro político de Besteiro parece sentenciado tras este varapalo, aunque ayer se negó a desvelar si optará a repetir como secretario xeral en las primarias de este año. El calendario depende de la celebración del congreso federal, previsto para mayo, que a su vez está condicionado por la situación institucional, con la hipotética repetición de las generales como opción probable. "Cuando llegue el momento lo diré", se limitó a decir.
Su discurso, sin embargo, tuvo como eje central la denuncia de una persecución. "18 años después de iniciar mi carrera política, creo que ya entiendo de qué va esto", espetó sobre que tres días después de anunciar que optaba al liderazgo del PSdeG se pidiese su imputación por el caso Garañón, de que el PP bloquease su designación como senador y, por tanto, su aforamiento o que De Lara no le permitiese adelantar o retrasar su declaración. "Y en pleno proceso de formación de Gobierno, en pleno debate sobre el calendario electoral de Galicia y España, se me vuelve a imputar de forma exprés en una causa que llevaba tres años de instrucción", añadió. ¿A quién apunta? "Confío en la inteligencia de los ciudadanos", dijo.
El expresidente de la Diputación de Lugo entre 2007 y 2015 aseguró desconocer el auto de la juez que lo cita por la supuesta comisión de seis delitos de corrupción: cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, fraude a las administraciones públicas, fraude de subvenciones y delito continuado de malversación de caudales públicos. Se une esto al caso Garañón, donde le imputa delitos similares.
La juez investiga el programa de viajes turísticos para promocionar la provincia KM 0 de la Diputación de Lugo, en el que entiende que se pudieron cometer desviaciones ilícitas, siendo el grupo Monbus el principal beneficiado y que podría haber obsequiado con presentes de lujo a Besteiro. También investiga el programa de gastos sociales destinado al personal de la institución, y que habría servido para viajes, cirugías oculares láser e incluso anticonceptivos. Sobre este fondo, explicó que se trata de unas partidas legales usadas en todas las administraciones y que él redujo. Los beneficiarios eran funcionarios, insistió. Sobre los viajes, reconoció que la diputación pagó viajes a Eurodisney, la India o Ámsterdam, pero durante el mandato del PP. "Yo no era presidente", insistió.
"Confío en todos los funcionarios", respondió sobre los pagos en "efectivo" que el exsecretario adjunto de la Diputación y actual secretario del Concello de Lugo, Juan Carlos Fernández Pulpeiro, habría realizado "con dinero que guardaba en una caja fuerte en su despacho sin ninguna clase de control", según la juez. Pulpeiro es otro de los siete investigados en la operación Pulpo.
La juez De Lara también indaga ayudas de casi 7 millones al club de baloncesto Breogán y gastos de actos de Besteiro, como un viaje a Buenos Aires.
